El Procurador del Común pide a la Junta que unifique los criterios para acreditar la vulnerabilidad de las personas

Valladolid

Cuando una persona en situación de vulnerabilidad necesita acceder a las ayudas públicas que ofertan las administraciones, han de acreditar de forma fehaciente esa situación mediante un informe emitido por servicios sociales. Hasta ahí, todo correcto, es lo normal en todas las comunidades autónomas.

El problema en Castilla y León es que no hay un mecanismo homogéneo para obtener ese informe, lo que puede generar desigualdades conforme al lugar donde se quiera obtener esas ayudas.

Tal y como recoge el propio Procurador, "en nuestra Comunidad Autónoma el acceso a estos apoyos se ve condicionado por la necesidad de acreditar de forma fehaciente esa situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social mediante un informe emitido por los servicios sociales comunitarios, siendo muy variada la casuística de estas acreditaciones o certificaciones".

Una situación que viene dada, según explica en su informe, "por la inexistencia en Castilla y León de un mecanismo o procedimiento específico y homogéneo regulador de la obtención de los informes o certificados acreditativos de la vulnerabilidad", lo que impide a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social "el acceso a los apoyos públicos en condiciones de igualdad".

Por eso, el Defensor del Pueblo en la comunidad pide a la Junta de Castilla y León que elabore una normativa que regule la emisión de esos documentos y que sea igual en todo el territorio autonómico: "Que se proceda a la elaboración y aprobación de una normativa específica reguladora del procedimiento de emisión de los informes de vulnerabilidad en esta Comunidad Autonómica, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas con mayor fragilidad al sistema público de protección social en condiciones de igualdad y prevenir situaciones de exclusión social o pobreza".

Plataforma Social

Una petición que aplaude la Plataforma Social de Castilla y León, aunque su portavoz, Jorge Félix Alonso, recuerda que no consta aún respuesta alguna del gobierno autonómico: "Los servicios sociales son gestionados por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones, y puedes encontrar con que unas ayudas que se reconocen en Valladolid se pueden negar en otro lugar. Y no sé si la Junta ha asumido la propuesta, pero si no lo ha hecho, debería".

Medidas ambiciosas

Eso sí, desde la Plataforma piden ir un paso más allá y no fiar todo a estas ayudas puntuales, sino poner en marcha medidas más ambiciosas y a largo plazo para lograr acabas con la cronificación de la pobreza: "Esa situación se supera consiguiendo que la gente trabaje, que tenga un salario digno... las ayudas están bien, pero es un camino a corto plazo. A largo plazo no veo por parte de la administración voluntad para abordar ese otro nivel imprescindible".