La Justicia anula la autorización del campo de tiro al plato en Aguilar de Campoo
Estima el recurso de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y condena al Ayuntamiento a pagar las costas
Tiro al plato / visualspace
Palencia
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palencia estima el recurso de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y condena al Ayuntamiento a pagar las costas.
La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica celebra la sentencia 149/2025, dictada el 8 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palencia, que estima íntegramente el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo por la autorización de un campo de tiro al plato en el paraje de Santa Catalina (parcela 52, polígono 544).
La resolución judicial declara que el acuerdo municipal por el que se concedió el uso excepcional en suelo rústico de protección natural y con valores ambientales es “no conforme a derecho” y lo anula por carecer de justificación suficiente del interés público. Además, impone las costas procesales al Ayuntamiento, al considerar que se actuó sin la debida fundamentación.
La Plataforma subraya que el fallo reconoce lo que se venía denunciando desde el inicio:
● No existía un verdadero interés público que justificara implantar una infraestructura de este tipo en un espacio natural protegido.
● La memoria técnica presentada era meramente descriptiva y no acreditaba el interés ge-neral requerido por la normativa urbanística.
● Se intentó camuflar como interés público una actividad privada y deportiva incompatible con la preservación de los valores ambientales de la zona.
Con esta sentencia, la justicia avala la labor de la ciudadanía organizada en defensa del patrimonio natural de la cordillera Cantábrica y frena un nuevo intento de degradación ambiental bajo pretextos falsamente deportivos y turísticos.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica se hace un llamamiento al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para que respete la legalidad, abandone proyectos lesivos para el medio natural y apueste por un modelo de desarrollo sostenible, compatible con la protección de nuestro territorio y con el bienestar de la población.
