Una "UME civil" para contar con operativo formado de guardia ante emergencias ambientales
Consideran que al menos debería tener las 4.700 plazas públicas, pero plantea hasta 6.000, los efectivos que se pidieron durante los incendios

Incendios / Mariam A. Montesinos (EFE)

Valladolid
El sindicato UGT reclamará en el marco del Díalogo Social la creación de un operativo de emergencias como si fuera una "UME civil" en el que se englobe el de incendios, que ha exigido que se amplíe, sea totalmente público, con su personal reconocido en categorías profesionales, formado y que se modernice para que sea "del siglo XXI y no del XIX" o "si es del XXII, mejor".
Así lo han señalado responsables del sindicato en una rueda de prensa en la que han presentado la visión sobre el operativo de incendios y las propuestas y reivindicaciones que llevarán para su negociación con la Junta de Castilla y León teniendo en cuanto lo vivido este verano con los incendios forestales en la Comunidad.
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En este contexto, el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de Servicios Públicos de UGT, Carlos Arenas, ha reclamado un "operativo de emergencias" que no sólo actúe en los incendios forestales sino que esté especializado en todo tipo de situaciones de emergencia, "algo así como una UME civil", un organismo "exclusivamente" para abordar estas cuestiones.
Arenas ha aclarado que esto es una cuestión que se reclamará en el Diálogo Social pero lo "fundamental" son las condiciones laborales del operativo de extinción de incendios dado que faltan pasos por dar tanto en los acuerdos a los que se llegaron después de los incendios de Zamora en 2022 como en el ámbito legislativo y normativo.
En concreto, ha apuntado que hace falta el reconocimiento de dos leyes de categorías profesionales, la que corresponde a los agentes medioambientales y la de bomberos forestales, algo "fundamental" si se pretende hacer una estructura de emergencias.
El responsable sindical ha recordado que los acuerdos del Diálogo Social se cumplen a final de año y por eso espera que a 31 de diciembre todo esté "resuelto", además de que se haya avanzado en algunos aspectos que llevan retraso como el decreto de incendios y el de guardias. Posteriormente, ha explicado, los acuerdos habría que trasladarlos a las mesas de negociación del ámbito laboral.
Estas reivindicaciones se enmarcan en las que tienen que ver con el operativo de extinción de incendios, cuyas mejoras acordadas en el marco del Diálogo Social no se han cumplido "al cien por cien", dado que no todas las ampliaciones de jornada se han llevado a cabo o el hecho de que haya un 20 por ciento de plazas sin cubrir.
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Hora 14 Castilla y León (15/09/2025)
Totalmente público
Arenas ha reclamado un operativo público que evite que cada año se dependa de empresas privadas que trabajan tres o cuatro meses y cada año tienen que contratar gente nueva, sin experiencia, en muchos casos con problemas de idioma, sobre todo en palabras técnicas, lo que es un "auténtico peligro".
Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT, Tomás Pérez Urueña, ha incidido en que se trata de que el operativo con el que se cuenta, que actualmente es de unas 4.700 personas, sea público y no tenga una parte privada (que actualmente puede alcanzar el 60 por ciento durante la campaña de incendios), pero además tenga todas sus plazas cubiertas, trabaje todo el año y esté formado porque se han dado situaciones como en este año, en el que cuando se quemaba la Montaña Palentina, había 19 plazas de peones de montes sin cubrir y sólo estaban los conductores de las autobombas.
En este sentido, ha advertido de que, además de la falta de formación de las personas que se contratan a través de empresas, éstas optan a los contratos con precios "a la baja" pero no a costa del beneficio empresarial sino de las condiciones de los trabajadores. Pérez Urueña ha pedido un operativo moderno también, "del siglo XXI para el siglo XXI y no del XIX" y "si es del XXII mejor".
Este aspecto es uno de los que también ha reclamado el responsable de Agentes Medioambientales de UGT, Francisco Camuñas, quien ha criticado que haya 240 días al año que no haya técnicos ni agentes medioambientales para dirigir estos incendios, no se tenga un decreto de guardias que lleva en negociación cuatro años o se eliminen 1.300 guardias de agentes y después sea necesario llamar a gente que está de descanso o de vacaciones para hacer jornadas de 16 o 20 horas.
A su juicio, "si el operativo no ha colapsado" ha sido por la "profesionalidad" de quienes lo integran, ya que los dirigentes "no han estado a la altura".
Pero Camuñas también ha hecho hincapié en la necesidad de modernizar el operativo en aspectos muy necesarios como las comunicaciones, que en Castilla y León aún dependen de sistemas analógicos, cuando todas las comunidades de alrededor o las que llegan a colaborar de otras los tienen digitales, lo que es "tercermundista", "del Pleistoceno". Esto impide que se pueda coordinar correctamente porque "la comunicación es básica" para ello.
Como ejemplo de la falta de modernización ha señalado la llegada a Fasgar (León) de efectivos de Valencia, que eran "como extraterrestres" por los medios con los que contaban, que "daban envidia". Además de tener que prestarles los sistemas de comunicación para poder hablar con ellos, ha asegurado que los equipos de protección que llevaban eran muchísimo mejores y, frente a la "braga" que se tiene en la Comunidad para protegerse del humo, los valencianos llegaban mascarillas y filtros de partículas.
Dimensión del operativo
Francisco Camuñas ha reclamado que el operativo sea "de calidad", pero también de una magnitud real porque los grandes incendios han llegado para "quedarse" y la Junta "no ha aprendido" desde hace años que se lleva advirtiendo, no sólo desde 2022, sino desde antes.
En cuanto a las dimensiones del operativo, Carlos Arenas ha asegurado que además de las 4.700 personas que lo integran, aunque haya un 20 por ciento de plazas sin cubrir, se podrían añadir las 1.200 personas que han acudido a trabajar en la extinción y ha recordado que se pidieron 1.500 al Gobierno, por lo que debería estar compuesto de unas 6.000 personas. Arenas ha vaticinado que cuando lo escuche "el consejero de Medio Ambiente se va a echar las manos a la cabeza" si ya le parecía demasiado un operativo público de 4.700.
A este respecto, Francisco Camuñas considera que si los 4.700 fueran profesionales, públicos y estuvieran bien formados "para todas las emergencias ambientales, no sólo incendios", quizá sería suficiente.
En esta línea, ha advertido de lo necesaria que es la formación porque actualmente se imparten diez horas y luego se manda a la gente a los fuegos y ha asegurado que ha visto "el terror, el pánico" en sus caras y "demasiado que no ha habido más accidentes".




