El TSJCyL rechaza indemnizar a un ganadero de Navatalgordo que tuvo que sacrificar su explotación de visones

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ha rechazado indemnizar a un ganadero de Navatalgordo que reclamaba 286.971 euros a la Junta por el sacrificio de su explotación de visones, donde se detectó un caso de positivo por covid-19 durante la pandemia.

Fue la tercera granja de visón que se vio afectada por la covid-19 en toda España, tras los casos anteriores en Teruel y en A Coruña, donde también se sacrificaron a los animales.

El origen del caso se remonta a enero de 2021, cuando la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ordenó la inmovilización y posterior vaciado sanitario de la granja tras detectarse un ejemplar que dio positivo en covid-19.

El caso fue detectado en el marco del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de SARS-CoV-2 en granjas de visón americano, después de que los trabajadores encargados del cuidado y mantenimiento de los animales resultaran positivos en Covid-19, uno de ellos con síntomas compatibles con la enfermedad.

Por su parte, los animales permanecieron asintomáticos, sin que en la granja se manifestaran "mortalidades anormales, ni síntomas clínicos que hicieran sospechar de la presencia del virus en ellos".

El afectado en su reclamación considera que “solamente” dio positivo un animal y no se ordenó realizar más muestreos ni se le entregó el boletín de los análisis y con estos datos, según recoge la sentencia "se acordó sin más pruebas el vaciado sanitario de la explotación”.

El sacrificio, que se ejecutó entre el 2 y el 3 de febrero de 2021, afectó a más de 1.000 animales, además de otros 3.000 animales, ya sacrificados, pero cuyas pieles fueron destruidas. Además, también se llevaron a cabo tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones de esta explotación.

Posteriormente, el ganadero recibió compensaciones económicas que superaron los de 107.397,08 euros, en concepto del sacrificio y destrucción de los visones, así como por la eliminación de los productos de origen animal y alimentos contaminados.

Además, en abril de 2022, la Administración autonómica también procedió al pago correspondiente a las actuaciones de limpieza y desinfección de la explotación, por un total de 1.888,10 euros.

En su demanda, el propietario alegó que, tras esta actuación, la Administración no levantó la inmovilización y que ello le impidió reanudar la actividad, lo que le había causado graves perjuicios y motivo por el cual se habría iniciado el proceso de reclamación.

Desde la Junta, según recoge la sentencia del TSJCyL, niegan esto, y alegando que "ya no se puede discutir el vaciado sanitario, pues no se recurrió en su momento y la decisión ya es firme". Además, afirman que “en los registros ganaderos de Castilla y León la explotación ganadera figura en situación de inactiva, no inmovilizada”.

El tribunal ha dado la razón a la Administración, y subraya que “ni el acuerdo de inmovilización cautelar de 19 de enero de 2021 ni la resolución de 26 de enero de 2021, que ordena el vaciado sanitario de la explotación, fueron recurridos, por lo que constituyen actos firmes y consentidos, cuya legalidad no se puede cuestionar ahora”.

Además, la Sala considera que la pandemia de covid-19 fue un supuesto de fuerza mayor porque constituyó un acontecimiento insólito e inesperado”, defienden.

Por ello, los jueces entienden que las pérdidas derivadas del sacrificio no son indemnizables.

Contra este fallo cabe interponer un recurso de casación ante esta misma sala del alto tribunal