El PSOE de Medina del Campo denuncia la presunta venta de bienes municipales de Gomeznarro en Wallapop
El grupo solicita un inventario y un informe detallado de cómo se ha realizado la enajenación de material
Luis Manuel Pascual Ayala, portavoz del PSOE de Medina del Campo / Cadena SER
Gomeznarro
El Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de la localidad información y documentación sobre la presunta enajenación de bienes muebles municipales de Gomeznarro, a través de la plataforma online Wallapop.
La formación ha recibido información que sugiere que cierto mobiliario, que podría pertenecer al patrimonio municipal, está siendo anunciado y vendido en la mencionada aplicación de compraventa. Esto ha levantado serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Además de la retirada de mobiliario como armarios, mesas y diferentes muebles en buen estado por parte de operarios y un camión sin identificar, la denuncia del PSOE hace referencia a un pupitre antiguo de madera que se encontraba a la venta de forma pública en Wallapop, pero que tras hacerse pública la información ha desaparecido de la plataforma.
El portavoz del grupo municipal, Luis Manuel Pascual, ha manifestado "la profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los bienes públicos", subrayando "la necesidad de que cualquier proceso de enajenación se realice de forma pública y reglamentaria".
En un escrito, el PSOE de Medina del Campo solicita al Gobierno municipal una copia del inventario actualizado de todos los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento; un informe detallado sobre el procedimiento de enajenación de mobiliario en cuestión, incluyendo los anuncios, valoraciones y adjudicaciones; y, por último, una explicación clara sobre si se ha realizado algún tipo de auditoría o inspección para asegurar que la venta se está llevando a cabo conforme a la normativa.
El grupo municipal espera una respuesta rápida y completa "en aras de la máxima transparencia y buena gestión" e insiste en que la ciudadanía "debe tener pleno conocimiento sobre el destino de los bienes públicos" y cuestiona si "la venta a través de una plataforma no oficial podría incurrir en un acto de prevaricación".
