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Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular en la destrucción del yacimiento arqueológico de la Peña

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero en el término municipal de Santibáñez de la Peña, en una zona arqueológica protegida, cuando se realizaban trabajos de roturación

Castro en Santibáñez de la Peña (Palencia) / Palencia Turismo

Castro en Santibáñez de la Peña (Palencia)

Palencia

Tras varios aplazamientos, mañana se celebrará en el Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga la sesión para tomar declaración a los responsables de la destrucción de la zona arqueológica protegida “La Loma – El Castro” en terreno perteneciente a la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña.

La zona destruida recibe la denominación de “Castellum A” catalogado como Bien Integrante del Patrimonio Cultural, Bien Inventariado dentro de las Normas Urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, como yacimiento en suelo rústico con protección cultural, que cuenta con un nivel de Protección Grado 1 por su valor histórico y arqueológico.

La destrucción del yacimiento se produjo durante los trabajos de preparación del terreno para realizar una plantación de árboles, siendo varias las personas investigadas, por un lado, como persona jurídica, la empresa promotora de la plantación que fue la encargada de contratar la máquina bulldozer para hacer los surcos y las zanjas, y por otro, el presidente de la Junta Vecinal de la Heras de la Peña que acordó con el gerente de la empresa realizar dichos trabajos, todo ello sin permisos ni autorizaciones. A ambos se les considera presuntos autores de un supuesto delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal contra el Patrimonio Histórico.

Ecologistas en Acción, que entre sus fines tiene contribuir a la conservación y defensa de los recursos naturales, del patrimonio histórico, cultural y otros valores provinciales, se ha personado en el caso como acusación popular y en base al atestado del Seprona de la Guardia Civil ha preparado varias preguntas para los investigados buscando determinar el grado de culpabilidad de cada uno de ellos en los hechos, certificar que no existía ningún tipo de autorización o permiso para realizar dichos trabajos y comprobar que los contratos entre la empresa promotora y la Junta Vecinal se ajustan a la legalidad.

En el mismo mes de febrero el Seprona remitió un escrito al Delegado Territorial de la Junta, solicitando que a la mayor brevedad posible, se enviaran una serie de datos para determinar los daños ocasionados al yacimiento, algunas de las peticiones fueron, conocer el régimen de protección y catalogación del yacimiento, un informe y peritaje de los daños ocasionados, si se había concedido algún tipo de permiso, autorización o licencia para la ejecución de las obras.

Según los ecologistas, después de siete meses y tras las "apasionadas" declaraciones del Sr. Santonja, Consejero de Cultura, adelantando que “nuestra intervención va a ser contundente”, la Junta de Castilla y León aún no ha aportado la documentación pedida por el Seprona, ni ha trasladado la valoración de los daños, parece que no solo es el Patrimonio Natural el que sufre la desidia de los responsables de la Junta de Castilla y León.

 

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