¿Y si fuera más importante haber dejado a Aranda sin toros que los incumplimientos urbanísticos?

Aranda de Duero

Incidir con más ahínco en el reiterado incumplimiento de organizar la feria taurina de Aranda y no tanto (o no solo) en las infracciones urbanísticas, es la vía que vuelve a recomendar la Plataforma por la Plaza de Toros para encauzar la resolución de un conflicto que en breve cumplirá dos décadas.

Lejos de aplacarse, la preocupación de quienes llevan lustros tras el problema de la Plaza de Toros, se ha incrementado por las últimas declaraciones del equipo de gobierno sobre las actuaciones que pretenden acometer. Aunque la preocupación, más que por lo que se dice, es por lo que se calla o se oculta. Así ha quedado de manifiesto en las palabras en la Cadena SER del abogado y miembro de la Plataforma por a Plaza de Toros, Óscar Bartolomé, quien ha expresado su preocupación ante la falta de información y transparencia que están sufriendo como colectivo, a pesar de estar reconocidos como parte personada en los procesos municipales abiertos en esta cuestión.

Bartolomé insiste en que se trata de un problema con muchas más facetas que la urbanística, aún subrayando los múltiples incumplimientos en esta cuestión. De hecho subraya que el principal quebrantamiento del contrato de Toros Ricor es haber dejado sin feria taurina a Aranda reiteradamente durante las fiestas patronales, porque ésta era la principal contrapartida a cambio unos terrenos que adquirió a un precio irrisorio que ni siquiera llegó a pagar.

Insiste en que este es el argumento principal por el que podría pedirse la reversión del coso, vía por la que la Plataforma sigue abogando. Y aunque muestra cautela ante la posibilidad de que el ayutammiento opte por la nulidad del contrato, porque no hay confirmación oficial de este rumor creciente (que no desmintió, sino todo lo contrario, el concejal de Festejos, José Antonio Fuertes, en la última entrevista en la Cadena SER), sí advierte de que no es una opción para la Plataforma por la Plaza de Toros. Considera que dicha nulidad carece de argumento cuando cada uno de los procedimientos para llevar a cabo el contrato (desafectación de los terrenos, cambio de calificación urbanística y licitación pública) contaron con todos los informes favorables. Y añade una advertencia: declarar la nulidad de las actuaciones supondría abrir la puerta de manera inmediata a la solicitud de una indemnización multimillonaria por parte del empresario, que, paradójicamente, es quien ha incurrido en manifiestos incumplimientos del contrato

Por lo que se refiere a la incoación de un expediente de restauración de la legalidad, la Plataforma afirma que llega tarde. Explican que si se hubiera actuado a tiempo cuando en febrero la propia plataforma instó una acción pública urbanística, inmediatamente después de quedar definitivamente denegada la licencia de apertura y actividad, el expediente podría estar ya finalizado al tener un plazo máximo de seis meses. Sin embargo ante la falta de contestación municipal, la plataforma reiteró su solicitud en mayo, también sin respuesta, aunque en ese momento la concejalía de urbanismo se decidió a encargar un nuevo informe urbanístico, “innecesario” y sin novedades. Asegura Bartolomé que para incoar el anunciado expediente de restauración urbanística era suficiente con los informes que elaboraron en 2023 y 2024 tanto el arquitecto municipal como el Jefe de bomberos.