Condenan a una residencia de Valladolid por la muerte de una anciana con úlcera desatendida durante días

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dado la razón a la familia de una mujer de 82 años que falleció en el año 2016 tras una sepsis generalizada provocada por una úlcera que se había infectado y que durante días no fue tratada. Hechos que sucedieron en la residencia de la tercera edad San Ramón y San Luis de la localidad vallisoletana de Mojados, gestionada por la empresa CLECE.

La sentencia, dada a conocer por la Asociación el Defensor del Paciente, especifica que la residencia no acreditó la realización de los cambios posturales prescritos y desatendió a la víctima durante al menos cinco días, en los que su estado era "crítico por el riesgo de úlcera y no ejecutó la derivación a geriatría ordenada por el médico". La úlcera evolucionó a grado IV, confirmada por el informe pericial.

Sin embargo, los hijos de esta residente aseguran que durante el año siguiente al fallecimiento, el 2017, los hijos presentaron numerosas reclamaciones ante el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la Gerencia de Salud y la Consejería de Sanidad, denunciando la falta de entrega del informe de necropsia y al falta de respuesta, lo que provocó "el alargamiento del dolor de la familia durante años".

Desde la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, su presidenta Doña Carmen Flores señala: “Este caso refleja la doble victimización que sufren muchas familias. Primero por la negligencia asistencial y después por la opacidad de la Administración. Nuestros mayores no son ciudadanos de segunda. Las residencias cobran elevadas cantidades y están obligadas a garantizar cuidados básicos. Que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano que la sociedad no puede tolerar”.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dejado un mensaje rotundo: la negligencia y el abandono en el cuidado de personas mayores tienen consecuencias. Esta sentencia es un paso más para dignificar la vida de los ancianos y para exigir a las instituciones que respeten el derecho de las familias a la información y a la verdad.

El fallo ratifica lo ya declarado por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valladolid, que había fijado una indemnización a favor de sus tres hijos por importe de 80.116 euros, más intereses legales y moratorios.