Sociedad

Los empresarios segovianos se muestran insatisfechos ante las modificaciones en la tasa de basuras

La FES se ha reunido con el Ayuntamiento de Segovia para trasladar el malestar por el impacto económico que supone la tasa de basuras

Reunión entre los empresarios y el Ayuntamiento de Segovia

Segovia

El Ayuntamiento de Segovia se ha reunido con los representantes empresariales de los diferentes sectores empresariales, incluyendo pymes, autónomos y gestores de polígonos industriales para abordar las modificaciones en la tasa de basuras. Los empresarios han trasladado su malestar por el impacto económico que seguirá suponiendo esta tasa en la actividad de sus negocios de forma inmediata. También han insistido en que estas modificaciones no son suficientes para mitigar la carga de esta tasa.

Los representantes empresariales han insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de fiscalidad municipal que tenga más en cuenta la realidad de las pymes y de los autónomos, que constituyen la mayor parte del tejido productivo de la ciudad. En este sentido, señalaron que la actual tasa no responde de manera proporcional al uso real del servicio por parte de las empresas y que puede generar un efecto negativo sobre la competitividad y el mantenimiento del empleo.

Desde la FES y de sus diferentes agrupaciones proponen el que se pueda fraccionar el pago de los recibos, pasando de dos a tres anuales; así como que se contemple aplicar la tarifa mínima a los locales cerrados, ya que no generan residuos; o que se ajusten los recibos a la superficie de las empresas que realmente se destina a actividad económica.

Los empresarios han rechazado los argumentos municipales de que no dispone de medios para aplicar coeficientes como aforos en establecimientos. Al igual de la propuesta de compensar la tasa de basuras con impuestos como el IBI, cuando son de naturaleza distinta.

La FES ha instado al ayuntamiento de Segovia a que trabaje de inmediato en una nueva normativa que contemple un sistema más justo y equitativos, con plazos de información pública que permitan su entrada en vigor en 2026.