La concesionaria del Transporte Urbano de Ponferrada tendrá que recurrir a los tribunales para cobrar facturas que el PP no ha pasado por Intervención municipal

Rechazado en pleno el pago de 125.900 euros a la concesionaria del servicio de Transporte Urbano de Ponferrada, una cuantía que se corresponde con facturas que el equipo de gobierno entiende que es de pago obligatorio por los servicios prestados en el plazo previo a encadenación de contrato realizado en 2024. Los votos en contra del PSOE y de Vox han dejado sin efecto el reconocimiento extrajudicial de crédito, una postura que el alcalde considera una irresponsabilidad dado que abre la puerta a la empresa a requerir el cobro vía judicial y con intereses.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, tiene claro sin embargo que el voto de su grupo es responsable con su negativa a aprobar cualquier pago que haya omitido la fiscalización de Intervención, algo que ocurre con este caso y que tachó de error grave. Los políticos y las empresas deben cumplir con todos los requerimientos legales para poder después exigir el reembolso.

Además, Ramón recordó que el equipo de gobierno había tenido un año para plantear el nuevo contrato a la concesionaria, un plazo que según el alcalde no se pudo utilizar porque no había llegado el estudio contratado precisamente por el socialista en su etapa de alcalde para conocer sus conclusiones.

También desde las filas del PP, el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, quiso recriminar la actitud de los grupos de la oposición a los que acusó de estar adelantando, con este tipo de movimientos, sus campañas electorales. También el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, aprovechó suspicazmente el momento para colar su desconfianza sobre la coincidencia en la votación entre los concejales de la ultraderecha y los socialistas.

Desde la fila contraria, la portavoz de Vox, recriminó que a modo de tripartito la abstención del PSOE haya permitido sacar adelante las ordenanzas de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos, la del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la que regula los precios del Fab Lab Ponferrada Estación Arte). Dice Patricia González que con ellas se limita la capacidad de conceder beneficios fiscales, se endurecen los intereses y recargos, y se restringen los tiempos de aplazamiento. Se sube, indica, la presión fiscal encubierta. No lo entienden así el resto de los grupos que alegan que se cumple al pie de la letra la normativa en cada caso, aunque el PSOE sí que lamentó que en este momento de actualización los populares no hayan aprovechado para hacer aquello que pidieron en el pleno del 27 de septiembre de 2021, cuando solicitaron todo tipo de rebajas impositivas, como situar el ICIO con carácter general en el 1,80 o la rebaja del IBI a un máximo del 0,60. Ahora, dijo Ramón se elimina la subida encubierta a los vehículos híbridos y solo porque les pillaron la maniobra antes del pleno.

Por lo demás una sesión muy correcta en cuanto al trato verbal utilizado por la portavoz de Vox aunque eso no significa que queden muy claras las diferencias en dialéctica cuando se habla por ejemplo de definir el genocidio de Gaza, en una moción presentada por el PSOE. Aquí el PP se cuela de la teoría del núcleo duro del partido, Vox se va la corrupción y coalición por el bierzo exige respeto político y humanitario. Esta era parte de sus intervenciones.

Para completar la sesión otra moción socialista que salió adelante en torno a la necesidad de enmendar los fallos en gestión de incendios y con la que los grupos aprovecharon para agradecer el trabajo a tiempo completo durante las 24 horas del día efectuado por la plantilla del parque de bomberos de Ponferrada en agosto.