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La Guardia Civil investiga a un hombre que colocaba cebos envenenados en un coto de caza de Cuéllar

Los hechos se remontan al mes de mayo y se sucedieron hasta en cuatro ocasiones en el mismo lugar

Un agente medioambiental y otro de Guardia Civil recogen un cebo envenenado en un coto de caza de Cuéllar / Guardia Civil

Un agente medioambiental y otro de Guardia Civil recogen un cebo envenenado en un coto de caza de Cuéllar

Cuéllar

La Guardia Civil de Segovia, a través del SEPRONA, y en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, ha investigado a un hombre, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de cebos envenenados en un paraje del término municipal de Cuéllar.

Gracias a la colaboración ciudadana, el pasado mes de mayo se tuvo conocimiento de la existencia de unos trozos de carne y pan impregnados de una sustancia de color azul oscuro, en un coto de caza. Así, tras comprobarse los hechos por parte de guardias civiles y agentes medioambientales se observó que, debido a las características existentes, pudiera tratarse de cebos envenenados. Tras la recogida de dichos efectos y su posterior análisis en laboratorios, se pudo concluir que los mismos presentaban sustancias tóxicas o venenos, lo que constituía un elevado riesgo o peligro para el medio ambiente y la fauna silvestre de la zona.

Los hechos citados se dieron de manera repetida hasta en cuatro ocasiones en distintas fechas, y el lugar de colocación de los cebos era el mismo.

Las averiguaciones condujeron a la vinculación de una persona como presunta autora de los hecho, por lo que se le investigó. El uso de veneno es especialmente perjudicial para la biodiversidad por su alcance indiscriminado (al tratarse de un medio prohibido, no selectivo), ya que puede afectar a todas las especies del ecosistema donde se emplea e incluso introducirse en la cadena trófica.

Se recuerda que este tipo de conductas se encuentran recogidas como delito en el Código Penal, contemplándose penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. Las sanciones económicas pudieran ser cuantiosas por daños al medio ambiente y/o a especies protegidas, contempladas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 

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