Trama Eólica: El exdirector de Energía culpa a Delgado de "amenazar" a promotores eólicos a cambio de la entrada de negocios locales

El exdirector de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía (EREN) Ricardo González Mantero ha vuelto a situar este martes al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado como el 'alma mater' de la supuesta trama eólica que investiga la Audiencia de Valladolid al asegurar que el acusado fue quien le hizo entrega de un listado con el nombre de socios locales que había que imponer a los promotores de parques eólicos e incluso que para lograr su propósito "amenazaba" con paralizar sus proyectos si no claudicaban a sus pretensiones.

Si este lunes este testigo monopolizó prácticamente el juicio, en jornada de mañana y tarde, y se limitó a responder al interrogatorio al que le sometió durante casi cinco horas el Fiscal Anticorrupción, este martes González Mantero ha seguido en el estrado para responder a las preguntas del resto de acusaciones y las defensas en cuyo transcurso ha seguido incriminando directamente en la trama a Rafael Delgado, su "superior jerárquico" al que obedecía cuando comenzó a partir de 2005 a dar instrucciones para favorecer a empresarios locales en el negocio eólico.

Al respecto, González Mantero, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha remontado a los primeros meses de ese año para recordar un encuentro mantenido con Delgado en un despacho al que el aludido se presentó con un "papel manuscrito" con una serie de socios que había que incorporar en los proyectos de parques eólicos. "Contenía algún nombre que ni siquiera conocía, como el de Hoteles Conde Rodrigo, pero en el que figuraban también los de Helios, Indal... y que me obligó a copiar porque no me dejó conservar el papel. Me pareció ya raro entonces pero con el tiempo te das cuenta de que algo más había ahí", ha advertido el testigo.

El exresponsable del EREN ha vuelto a poner como génesis de lo que ahora se está investigando en aquella instrucción de 2004 de la Consejería de Economía que instauró, de forma innecesaria, la figura de la avocación que ponía en manos del entonces viceconsejero el poder de autorizar los parques eólicos, arrogándose así la facultad que desde 1987 se encontraba en manos de los servicios territoriales de Industria de las nueve provincias, y una reunión celebrada en Valladolid el 30 de marzo de 2005 con todos los responsables de dichas áreas a los que se dieron instrucciones sobre los parques que tenían que pasar a tramitación, algo que ya entonces contó con el rechazo del responsable de Burgos, Mariano Muñoz, y que dejó plasmado por escrito.

El testigo ha hecho referencia durante su declaración a dos etapas en la actividad Delgado, una primera "más ligera" porque ya había muchos parques avanzados y una segunda, "más activa" a partir de 2009, en la que el aludido trató de alterar la planificación con la imposición de nuevos, algo que, como así le advirtieron tanto él como el entonces jefe de Eólicas en el EREN, Tomás Ciria, "no tenía sentido porque eran nuevos, no tenían avance y no cabían en los nudos de transporte".

No era obligatorio dar entrada a socios locales

"No tenía por qué darse entrada a socio local alguno. No se podía obligar desde el punto de vista administrativo, no había razón ni técnica ni administrativa, pero desde el punto de vista material lo que se ve es que si no se llegaba a un acuerdo con socios locales, los proyectos quedaban paralizados", ha resumido el exresponsable del EREN.

Y entre algunas de las mercantiles perjudicadas por no plegarse a las pretensiones de Delgado, el testigo ha apuntado nombres como Nordex, Augusta Wind, Ider o Altos del Rasero, mercantil esta última con un parque de 40 megavatios que no recibió nunca autorización administrativa ante las supuestas presiones del acusado para que diera entrada en su accionariado a Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por Iberdrola a través de Biovent, en lugar de que incorporara al Grupo Eyra ACS.

En el caso de Augusta Wind, González Matero ha asegurado que la empresa recibió indicaciones para vender los parques de la Lora 1 y Lora 2, "a las que Delgado había establecido", de forma que finalmente la promotora vendió sufriendo un claro perjuicio, ya que los compradores le ofrecieron 10.000 euros el megavatio, cuando el precio del mercado era "por lo menos" de 150.000 euros el MW, mientras que en el caso de IDER el testigo sostiene que es un "claro ejemplo" de paralización administrativa porque su proyecto no avanzó hasta que se incorporó un socio local.

"Ya os llamarán"

Otra supuesta prueba de que la planificación de parques estaba 'teledirigida' hace referencia a las constantes visitas que uno de los acusados, César Hernández Chico, de Preneal S.A, realizaba a estancias administrativas para pedir la entrada del grupo en algún parque. "Inicialmente acudía como técnico pero luego empezó a mostrar una serie de comportamientos que nos hicieron sospechar. Nosotros le decíamos que no era posible y el nos respondía con un "¡ya os llamarán!"

El juicio celebra este miércoles una nueva jornada de testificales, en este caso centrada en la persona del que fuera jefe de Eólicas del EREN, Tomás Ciria.

El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los trece encausados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.