Los cinco acusados de explotar a personas en situación irregular aceptan penas de dos años de cárcel

Valladolid

Los cinco miembros de una misma familia de origen marroquí, cuatro hermanos y su madre, acusados de explotar a compatriotas 'sin papeles' en labores del campo en distintas localidades de Valladolid y provincias limítrofes se han conformado este viernes con una condena de dos años de prisión cada uno de ellos tras reconoce la autoría de los delitos imputados.

El juicio no ha llegado a celebrarse debido al acuerdo alcanzado entre la defensa de los encausados y las acusaciones pública y particular, esta última ejercida por la Seguridad Social, de forma que han logrado una importante reducción de la condena, inicialmente de cinco años y medio de cárcel que ha quedado rebajada a dos años de privación de libertad que, además, no les llevará a prisión al haber conseguido también que la ejecución quede suspendida por un periodo de cinco años en el que no podrán volver a delinquir.

La sentencia anticipada 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, recogidas por Europa Press, condena a cada uno de los cinco miembros de esta familia a un año y medio de cárcel, multa de 230.000 euros y la pérdida del derecho a obtener subvenciones públicas y exenciones fiscales durante tres años por un delito contra la Seguridad Social, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño--han abonado ya 20.000 euros--, así como al pago de una multa de 2.160 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores y a otros seis meses más de prisión por integración de grupo criminal.

En concepto de responsabilidad civil, deberán abonar, de forma conjunta y solidaria, un total de 205.000 euros en favor de la Seguridad Social, una vez descontados los 20.000 euros que ya han pagado y que les ha permitido obtener una atenuante de reparación del daño.

Los autores confesos de los citados delitos abonarán 400 euros mensuales, compromiso que, junto con la imposibilidad de volver a delinquir durante los próximos cinco años y la obligación de estar a disposición del tribunal y a comunicar cualquier cambio de domicilio, deberán cumplir para de esta forma poder eludir su ingreso en prisión.

Fiscalía de Valladolid solicita una condena global de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los cinco empresarios de origen marroquí, todos ellos de la misma familia, a quienes se acusa de integrar un grupo criminal que se dedicaba a contratar a trabajadores para labores agrícolas sin darles de alta en la Seguridad Social.

Los hechos

Los cinco encausados, naturales de Marruecos y con vínculos de parentesco, se pusieron de acuerdo para dedicarse a la prestación de servicios agrícolas en Valladolid y provincias limítrofes, para lo cual, con ánimo de lucro, dejaron de pagar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores a su cargo y las suyas propias.

Para acreditar ante los empresarios que estaban al corriente en los pagos, se fueron inscribiendo sucesivamente en el tiempo, sin solución de continuidad, como empresarios individuales en el Régimen General de la S.S--la actividad principal era de apoyo a la agricultura--, al objeto de que una vez generada una deuda importante, hacer ilusoria la misma y las consecuencias legales que de ella se derivan, creando una apariencia de legalidad. Sin embargo, lo que hacían era un mero cambio formal de la titularidad del empresario, pues todos ellos estaban vinculados por lazos familiares, residían en dos domicilios de Olmedo y mantuvieron a los mismos trabajadores, generando una deuda con la S.S. de 225.125 euros.

Además, para la realización de dichos trabajos, tal y como pudo comprobar la Inspección de Trabajo tras presentarse en varios tajos en 2022 de Chañe y Cantalejo, en la provincia de Segovia, empleaban en la recogida de la patata y la fresa a trabajadores de su misma nacionalidad 'sin papeles'; es decir, sin permiso de residencia y de trabajo.