Una sentencia obligará a la Junta a devolver cobros indebidos a mayores y dependientes usuarios de distintos servicios sociales

Palencia

La Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia acusa a la Junta de Castilla y León de intentar ocultar una sentencia que determina que la administración autonómica ha estado cobrando de manera indebida a personas mayores y con discapacidad por el acceso a servicios como residencias públicas o concertadas, viviendas, centros ocupacionales o ayuda a domicilio.

Aseguran que después de varios intentos de recurso por parte de la Junta, finalmente los tribunales han determinado en una sentencia firme que declara la nulidad del copago en los citados servicios sociales, por lo que la Plataforma habla de "fracaso del fraude de la junta a mayores y personas con discapacidad".

Según el colectivo en defensa de la sanidad pública, el origen de estos hechos nos remite al año 2011, cuando la Junta estipuló mediante el Decreto 70/2011 un Precio Público a pagar por las personas mayores o discapacitadas psicofísicas o sensoriales, al acceder como usuarios a unos servicios, residencias públicas o concertadas, viviendas, Centros Ocupacionales o de Día, etc. Según la Junta se trata de 150.036 personas registradas (6,05% de la población). En Palencia serían 12.800 personas usuarias, el 7,22% de la población). A esto habría que añadir 8.500 personas más en listas de espera para la dependencia.

Reclamada judicialmente esta fórmula del Precio Público y fallados en contra varios recursos interpuestos por la Junta, se ha producido una sentencia firme y según la Plataforma, silenciada deliberadamente por la Junta, en la que se declara la nulidad del copago en los citados servicios sociales en los supuestos de personas mayores y dependientes grado III, y por tanto, se determina el reintegro de las cantidades abonadas. Puesto que se trata de una Tasa por servicio de carácter esencial, según el art. 33.1 apartado 4 de la ley 39/2006 y por consiguiente, procede no seguir girando tal Precio Público y la devolución de lo cobrado indebidamente durante los 18 meses ejecutados, el colectivo estima que la administración autonómica tendrá que devolver más de medio centenar de millones de euros en Castilla y León, de los que 13,5 millones corresponderían a familias de Palencia.

Desde la Plataforma critican el "el enésimo fracaso de la Junta en sus procedimientos, lo que cuestiona su capacidad de gestión". Lamentan que estos errores siempre recaigan sobre las personas más vulnerables porque suponen una sobrecarga económica en solicitudes, reclamaciones y tiempo invertido "en deshacer los entuertos generados por la Junta". Se muestran preocupados por el coste económico, y personal que tendrá esta situación ya que aseguran que ya se ha dado orden de amortizar las plazas que vayan quedando vacías. Lamentan además que para solucionar el problema solo hay dos opciones, articular una nueva ley o modificar los presupuestos, y en cualquera de los dos casos llevará mucho tiempo recuperar lo perdido.

Por último reclaman a la Junta claridad sobre los hechos, la asunción de responsabilidades y sus consecuencias y reparar la situación de inmediato, tanto en lo social como en lo económico para garantizar a la ciudadanía de la Comunidad unos servicios sociales y de salud justos.