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La Fiscalía apunta al móvil económico en el juicio por la muerte del ciudadano portugués que apareció en el Lago de Sanabria

La víctima cobraba una pensión por haber trabajado en Reino Unido además de la prestación del país luso |Los supuestos victimarios habrían cobrado más de 40.000 euros durante 4 años

Uno de los detenidos por la Guardia Civil en el año 2023

Uno de los detenidos por la Guardia Civil en el año 2023

En un saco, con la cara cubierta por cinta americana y 10 kilos de cal viva para borrar posibles rastros. Así lanzaron al río Tera al hombre de nacionalidad portuguesa cuyo cadáver apareció en el Lago de Sanabria diciembre de 2019, pero cuyos presuntos asesinos –dos hombres y una mujer también naturales de Portugal- no fueron detenidos hasta el año 2023.

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El móvil que maneja la Fiscalía apunta a que el crimen se perpetró para quedarse con la pensión del anciano, por la cual habrían cobrado más de 40.000 euros durante 4 años. Este martes, en la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Zamora, han testificado los guardias civiles que resolvieron el caso y también la hija del hombre asesinado.

Una vista complicada, pues hasta siete guardias civiles han comparecido a la vez para tratar de construir cómo fue todo el proceso desde que el cadáver fue localizado en el Lago de Sanabria hasta que se dio con la identidad del asesinado que llevó, posteriormente, a los tres acusados, para los que la fiscalía pide más de 64 años en conjunto. El estado en el que fue encontrado el cadáver hizo que la Guardia Civil sospechase de un asesinato desde un primer momento. Según testificaron los agentes de la Benemérita que primero llegaron al lugar donde fue hallado el cuerpo, el saco, las cuerdas y la cinta aislante apuntaba a que no había sido una muerte natural.

Los efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el experto de laboratorio corroboraron la hipótesis, puesto que en el interior de la bolsa que envolvía el cadáver había además dos sacos abiertos de cal viva, ambos de más de cinco kilos. La cal viva reacciona con el agua alcanzando una temperatura de más de 140 grados, provocando quemaduras como las que presentaba el cadáver y que dificultaron su identificación.

El el cuerpo del hombre portugués, que solía residir entre la localidad portuguesa de Chaves y la gallega de Verín, quedó prácticamente irreconocible, como pudieron comprobar los miembros del jurado popular con las imágenes tomadas por el servicio forense de la Guardia Civil. Unas duras fotografías que la acusada –que mantenía una relación con el asesinado y quien sería según la Acusación la instigadora del crimen- rehusó mirar. No lo hicieron así los otros dos acusados, que observaron impasibles el cadáver de su compatriota.

El interrogatorio de la Fiscalía

En su prolijo interrogatorio, la Fiscalía hizo especial énfasis en la cinta aislante que presentaba el cadáver en la cabeza. La disposición de la misma, por encima y debajo de la nariz, evidenciaba que había sido colocado por el mismo fallecido. Además, los agentes de la Policía Judicial testificaron que el hombre no tenía las manos atadas, pero que aun así no se evidenciaban signos de haber luchado para tratar de zafarse de la bolsa en la que fue colocado o de la cinta de su rostro, lo que refuerza la hipótesis manejada por Fiscalía y Acusación de que el hombre fue drogado antes de ser arrojado al agua, donde finalmente moriría ahogado.

Fueron unos antecedentes que tenía el asesinado en Reino Unido los que permitieron identificar al cadáver. Algo que sólo se logró seis meses después de haber localizado el cadáver, en pleno verano de la pandemia de 2020, situación que ralentizó mucho las pesquisas. La propia hija, que también compareció esta mañana muy emocionada y con ayuda de una traductora, reconoció que su padre trabajó en Reino Unido, por lo que recibía una pensión que se sumaba a la portugesa. Perdió la pista de su progenitor en diciembre de 2019 y tras las navidades acudió a la localidad de Chaves en su busca, pero sin éxito.

No le fue confirmada su muerte hasta el año 2024, cuando le fue informado por parte de la Guardia Nacional Republicana, el trasunto de la Guardia Civil española, que habían detenido a tres personas por haber asesinado a su padre. El juicio, que hoy no ha podido contar con una testigo del entorno de la acusada por problemas con la conexión telemática, continuará en la Audiencia Provincial mañana y se extenderá hasta el lunes de la semana que viene.

 

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