Acuerdo público privado para construir en Burgos 56 pisos de alquiler social para menores de 35 años
La promoción estará en la calle Nelson Mandela con precios entre 470 y 600 euros mensuales
El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, la alcaldesa, Cristina Ayala y el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso (dcha) / Ayuntamiento Burgos
Burgos
Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Videburgos, de la Fundación Caja Burgos, permitirá promover 56 viviendas en alquiler protegido para jóvenes en la capital burgalesa.
Tras la firma del convenio, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha detallado que serán viviendas de entre uno y tres dormitorios, con una superficie de entre 44 y 65 metros cuadros, y que se empezarán a construir este mes de noviembre, con un plazo de ejecución de 30 meses.
El proyecto, que será gestionado por la Fundación VideBurgos, se desarrollará en una parcela de su propiedad en la calle Nelson Mandela y será la fundación la que aporte la mayor parte del coste, 7,6 millones, mientras el Ayuntamiento completará la financiación con 1,6 millones de euros.
Las viviendas mantendrán un precio regulado durante 25 años y se alquilarán a un precio un 20% por debajo del mercado, entre 470 y 600 euros al mes.
La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento tiene también un proyecto para poner en el mercado otras 20 viviendas para jóvenes en el barrio de San Cristóbal y 80 más en el antiguo pueblo de Gamonal.
El director general de la Fundación Caja Burgos, Rafael Barbero, ha señalado que será la entidad la encargada de gestionar los alquileres. Los interesados deberán inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Junta de Castilla y León y cumplir los requisitos establecidos por la normativa de vivienda protegida para poder participar en el futuro proceso de adjudicación.
Barbero ha insistido en que la oferta en alquiler asequible no está creciendo al ritmo que debería, lo que provoca que las 450 viviendas en alquiler que gestiona la Fundación Videburgos están ocupadas y hay 344 personas en lista de espera para poder optar a una de ellas cuando queden libres.
Ambas instituciones destacan la colaboración público-privada como una herramienta esencial para dar respuesta a los retos actuales en materia de vivienda, en un contexto marcado por los altos costes de construcción, la escasez de suelo y la creciente demanda residencial.
