El juzgado avala la negativa de Vicente Holgueras a devolver las indemnizaciones como miembro de la Junta de Gobierno Local

Aranda de Duero

El Ayuntamiento pierde la demanda que presentó contra Vicente Holgueras para reclamarle 7.500 euros percibidos en concepto de asistencia como miembro con voz y voto a la Junta de Gobierno Local entre los años 2021 y 2023. El Juzgado contencioso/administrativo número 2 de Burgos considera que el decreto con su nombramiento que dio lugar a los pagos es anulable porque contraviene la normativa antitransfuguismo, pero indica que esto no afecta a los efectos económicos que generó para el concejal, aplicando los principios de buena fe, confianza legítima y prohibición de enriquecimiento injusto de la administración, que es a quien el juzgado imputa la irregularidad.

En su argumentación la jueza arguye que el decreto de diciembre de 2021 con el nombramiento o de Vicente Holgueras como miembro con voz y voto de la Junta de Gobierno Local es lesivo para el interés público, como pedía el actual ayuntamiento, porque fue designado concejal tras haber sido expulsado de Vox y haberse quedado en la corporación como edil no-adscrito, cosa que contraviene la normativa. Sin embargo, aunque la sentencia declara anulable el decreto de nombramiento indica que ello no debe suponer como consecuencia directa la anulación de las retribuciones abonadas. Y en ese caso argumenta que Vicente Holgueras prestó todos los servicios en virtud de su nombramiento y los pagos que recibió se tramitaron con todas las garantías y requisitos legales por parte de los servicios municipales. “La Administración se benefició de su trabajo y las remuneraciones fueron aprobadas, puestas a fiscalización y reconocimiento de gasto con cargo a los presupuestos” indica la jueza.

De esta forma el fallo declara la anulabilidad del decreto de nombramiento de Vicente Holgueras como miembro de la Junta de Gobierno Local sin afectar a los efectos económicos generados. Se trata de una resolución contra la que no cabe recurso, pero sin embargo va a seguir teniendo recorrido judicial: el exconcejal (que se defendió a sí mismo en el juicio) ha anunciado que pedirá resarcimiento a los daños y perjuicios que a su imagen y a su prestigio profesional han podido causar declaraciones públicas de miembros del actual equipo de gobierno al respecto de este asunto.