La Confederación Hidrográfica del Duero identifica acuíferos vulnerables tras los incendios en León

León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha identificado varias masas de agua subterránea en la provincia de León que podrían verse afectadas por los incendios forestales registrados el pasado verano. En un informe remitido a Ecologistas en Acción, el organismo detalla las zonas con mayor vulnerabilidad y anuncia una monitorización extraordinaria para evaluar la posible presencia de contaminantes.

Según el documento, las masas de agua subterránea potencialmente afectadas son La Tercia-Mampodre-Riaño, La Babia-Luna, el Terciario Detrítico del Esla-Cea y La Maragatería, además de Raña de la Bañeza y Aluvial del Órbigo, que presentan una mayor exposición por sus características hidrogeológicas.

El informe precisa que el posible impacto de los incendios en los acuíferos no se produce de forma inmediata, ya que los contaminantes asociados a las cenizas y materia orgánica solo podrían alcanzar las aguas subterráneas si se dan precipitaciones suficientes que permitan su infiltración. Por ese motivo, la CHD prevé mantener un seguimiento prolongado en los próximos meses, con controles específicos en puntos de la red de vigilancia química para detectar hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales, los principales contaminantes derivados de los incendios forestales.

Además, el organismo ha reconocido a Ecologistas en Acción de León como parte interesada en este proceso, conforme a la Ley 27/2006 sobre acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente. Esto permitirá a la asociación solicitar los resultados de los muestreos y análisis que se vayan realizando en los puntos de control situados en las zonas afectadas.

Por su parte, Ecologistas en Acción interpreta el informe como una confirmación de la contaminación de los acuíferos en las áreas quemadas. La organización considera que los resultados “demuestran la necesidad de adoptar medidas preventivas” y critica la postura de la Dirección General de Minas, que —según denuncian— “se ha negado a iniciar procedimientos de comprobación de la calidad de las aguas minerales concedidas ni a suspender cautelarmente las autorizaciones existentes”.

El colectivo ambiental califica de “falta de sensibilidad” la respuesta de este organismo autonómico y recuerda que la Ley de Minas, de 1973, no contempla adecuadamente los impactos medioambientales derivados de las explotaciones.

Ecologistas también alerta de que actualmente se están tramitando dos proyectos de plantas embotelladoras que pretenden aprovechar aguas procedentes del acuífero de La Maragatería, en Quintanilla de Flórez y Pobladura de la Sierra, y pide que no se autoricen hasta garantizar que las aguas cumplen las condiciones de calidad exigidas por la ley.

La CHD mantiene que los posibles efectos de los incendios sobre las aguas subterráneas aún deben evaluarse con el paso del tiempo, y que los resultados de los controles extraordinarios permitirán determinar si existen alteraciones significativas en la calidad del agua.