Movilidad acusa al Ministerio de "ver la paja en el ojo ajeno" y desoír problemas legales en sus autopistas

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha reprochado al Ministerio de Transportes "poner el acento" en las bonificaciones autonómicas al transporte, por lo que le ha acusado de "ver la paja en el ojo ajeno" y no la "viga en el propio" ante los problemas legales derivados de la prórroga de las autopistas de peaje AP9 y AP66, que la Comisión Europea ha señalado como irregulares.

Sanz Merino ha respondido así a las advertencias lanzadas este martes en el Congreso por la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, sobre las "dudas legales" de las ayudas autonómicas al transporte para empadronados en Castilla y León.

En la última comisión de Transportes, la secretaria general del ministerio, Rocío Baguena aseguraba que esta medida de la Junta vulnera la legalidad comunitaria porque las tarifas no deben hacer discriminación por motivos de residencia o nacionalidad. Una medida para la que la Junta ha consignado una partida de 10 millones de euros, lejos de los ingresos que, según el ministerio, obtienen las concesionarias y que cifró en más de 196 millones de euros en 2023, el último año consolidado.

A este respecto, el consejero ha defendido que la Junta "tiene una política clara para luchar contra la despoblación" y que las medidas adoptadas hasta ahora "han dado resultado".

"Ya estamos bonificando con un 25 por ciento a los usuarios del tren y con el cien por cien a los usuarios de autobuses dentro de la Comunidad, en ambos casos empadronados en Castilla y León, y no ha habido ninguna dificultad", ha subrayado. En ese sentido, ha emplazado al Ministerio a "valorar esa circunstancia" y ha garantizado que "en su momento se detallará el desarrollo legal de la nueva bonificación".

Sanz Merino ha resaltado que estas ayudas se aplican tanto en servicios propios de la Comunidad, como el transporte por autobús, como en medios ajenos, en referencia a Renfe. "Hasta ahora no ha habido ningún problema", ha insistido.

No obstante, el consejero ha criticado que el Ministerio haya centrado sus objeciones en Castilla y León "mientras ignora su principal conflicto con Europa": "No estamos ante una hipótesis, como insinúan sobre nuestras ayudas, sino ante una realidad -la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea al Gobierno por la prórroga ilegal de las autopistas AP9 y AP66-, y sin embargo no han dedicado ni un minuto a explicarlo", ha denunciado.

De este modo, Sanz Merino ha advertido de que esta situación "va a emplazar casi con seguridad al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", y ha criticado que tanto el ministro como otros responsables del departamento "parecen dispuestos a hacer caso omiso" de dicha advertencia.

Además, el titular de Movilidad ha defendido la decisión de la Junta de consignar diez millones de euros para aplicar nuevas bonificaciones, pese a considerar que "es una cantidad modesta" frente al presupuesto del Ministerio. "El Gobierno estatal maneja un volumen de inversión en infraestructuras que supera todo el presupuesto de la Junta", ha recordado, antes de subrayar que la medida autonómica es "un gesto político para cubrir el vacío dejado por la inacción del Ministerio".

Finalmente, Sanz Merino ha reiterado su petición de que el Estado extienda las bonificaciones aplicadas en las autopistas AP9, AP66 o la Circunvalación de Alicante -todas al cien por ciento- a las vías que atraviesan Castilla y León, como la AP51, AP61, AP6 y AP71. "Ante el silencio del Ministerio, la Junta no tiene más remedio que actuar por su cuenta, dentro de sus posibilidades. Eso es pura voluntad política", ha concluido.