Ecologistas en Acción Segovia advierte del impacto negativo que supondrá la instalación de una antena de telefonía en Duruelo

Duruelo, Segovia

El pasado 5 de mayo se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Duruelo la instalación de una antena de telefonía móvil en el municipio. Un proyecto subvencionado con fondos europeos y con el que se pretende hacer llegar la cobertura 5G en la urbanización Monte de los Cortos. Según fuentes vecinales, en base a la información proporcionada por la empresa encargada de la instalación, American Tower España, la antena se instalaría en los espacios comunes de la urbanización, próxima a pistas de tenis, columpios, juegos de niños y viviendas.

Ecologistas en Acción Segovia asegura que la legislación española se basa en los límites de exposición a campos electromagnéticos propuestos por la autodenominada ‘Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes’, organización privada que asesora a la OMS y que está cuestionada, advierte, por ‘negacionismo’ y conflictos de interés por su papel lobista con las empresas tecnológicas. Estos límites contemplan sólo los efectos térmicos agudos y puntuales, no los efectos biológicos a largo plazo detectados en organismos vivos a niveles muy por debajo de dichas directrices. Ecologistas en Acción Segovia asegura que en 2011 el Consejo de Europa ya aconsejó a sus países miembros, como España, minimizar la exposición a radiofrecuencias, que debería ser tan baja como sea razonablemente posible. Cuestionó la protección de los actuales niveles de exposición a radiofrecuencias y aconsejó rebajarlos casi 1.000 veces, para atender también a los efectos atérmicos o biológicos a largo plazo de las emisiones electromagnéticas. Añade además, que una revisión de la literatura científica sobre los efectos de las antenas de estaciones base en humanos de 2022 concluye que casi el 75% de los estudios constatan efectos en la salud de las personas que viven cerca de las antenas de estaciones base. Desde la denominada “enfermedad por radiofrecuencias” y sus alteraciones funcionales del sistema nervioso central, cambios en los parámetros bioquímicos, a una mayor tasa de incidencia de cáncer. En este sentido, Ecologistas en Acción Segovia, afirma que las enfermedades por sensibilidad electromagnética o química siguen siendo infravaloradas, desconocidas y con dificultades para su atención sanitaria y pleno reconocimiento, tal y como se denuncia desde ámbitos científicos y jurídicos.

Ecologistas en Acción Segovia exige que se aplique el principio de precaución ante la instalación de la antena y denuncia el incumpliendo legal, desde hace más de 11 años, de la creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud que debería garantizar criterios éticos básicos de transparencia, independencia, pluralidad y participación ciudadana. También advierte de lo que considera como la suplantación, de facto, de las funciones de esta comisión ausente, por un comité lobista, el autodenominado ‘Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud’, con conflicto de intereses, pues depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación estrechamente ligado a las compañías tecnológicas. Ecologistas en Acción Segovia señala que los sucesivos gobiernos españoles no han atendido a las numerosas denuncias de organizaciones sociales, ni a los reiterados requerimientos institucionales, como los del anterior Defensor del Pueblo para que se creara la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud que determinaban las Leyes de Telecomunicaciones de 2014 y de 2022. En 2024, Ecologistas en Acción envió un informe al Ministerio de Sanidad donde analizaba y concluía que el CCARS, dependiente del Colegio de Telecos se encuadra claramente en este modelo de acción empresarial identificado por la Agencia Europea de Medio Ambiente -la AEMA-, para retrasar o evitar la aplicación del Principio de Precaución ante las alertas tempranas de problemas emergentes. Las conclusiones de los informes del CCARS, cuestionadas por mala praxis científica y ‘negacionismo’ de la abundante literatura científica, han posibilitado sucesivos despliegues, especialmente de la tecnología 5G, sin atender a las garantías legales de salud contempladas en la propia ley de telecomunicaciones.