Santiago Bello: “Los ayuntamientos son la escuela de la democracia y empieza por respetar el derecho a la información de los concejales”
El experto en derecho administrativo explica que el informe de Intervención debe acompañarse al proyecto de Presupuestos municipales

Santiago Bello, decano de la Facultad de Derecho de la UBU y catedrático de Derecho Administrativo / Universidad de Burgos

Aranda de Duero
El proyecto de Presupuestos Municipales para 2026 agota su plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales, pero el documento una vez más ha llegado incompleto al no incluir el informe de Intervención. Es un elemento indispensable que permite evaluar la veracidad y la sostenibilidad de las cifras propuestas por el concejal de Hacienda.
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Desde la oposición se denunció ya en este 2025 y su ausencia dificulta el control técnico y económico sobre el proyecto presupuestario. Consideraban que sin ese análisis objetivo, elaborado por los servicios económicos del Ayuntamiento, el debate queda reducido a una cuestión puramente política, sin base técnica que avale los datos presentados.
El experto en Derecho de las Administraciones Públicas Santiago Bello, consultado por Radio Aranda, ha subrayado que la legislación es clara respecto a la obligación de entregar esta documentación a los concejales. “Según determinan los requerimientos orgánicos de funcionamiento de las corporaciones locales, cuando un concejal forma parte de un órgano colegiado, debe recibir toda la documentación necesaria para preparar la reunión. Esto incluye, por supuesto, el presupuesto y el informe de Intervención”, explica Bello. En este caso, el Ayuntamiento aún no ha convocado la comisión informativa de Presupuestos, lo que, según Bello, “no exime al equipo de gobierno de su obligación de transparencia o de facilitarlo si es solicitado por cualquier concejal”.
Santiago Bello considera que “los portavoces de los grupos municipales tienen derecho a pedir toda la información que obre en poder de los servicios de la corporación y resulte precisa para el desarrollo de su función”, recuerda. “Así lo establece el artículo 14 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Corporaciones Locales: los concejales tienen un ius in officium, es decir, un derecho inherente a su cargo que les permite acceder a toda la documentación necesaria para ejercerlo”.
Para el jurista, negar esa información o retrasarla supone una vulneración de ese derecho. “Negar un documento como el informe de Intervención a un portavoz municipal, sea del gobierno o de la oposición, limita su capacidad de trabajo. Y limitar ese derecho es, en la práctica, vulnerarlo. Los concejales ejercen una función representativa por encargo de los ciudadanos, y esa función debe poder desarrollarse con todas las garantías”, afirma.
Bello advierte además que el informe de Intervención debe incorporarse obligatoriamente cuando el borrador de Presupuestos llegue a la comisión informativa correspondiente. “Si no se incluye, estaríamos ante un problema grave, porque el interventor debe emitir su valoración técnica antes de que el presupuesto pase a pleno. Es un documento que tiene que ir inexorablemente junto al expediente. Si falta, el procedimiento no estaría completo y podría ser impugnado", advierte.
El experto considera “extremadamente grave” que se continúe el trámite sin ese informe, porque impide el control técnico y financiero del proyecto. “¿Cómo se va a debatir un presupuesto si no está el informe del interventor? Los concejales deben recibir toda la información. Además, ante la duda de si facilitar o no determinada información, el Ayuntamiento siempre debe optar por entregarla. Los ayuntamientos son la escuela de la democracia, el lugar donde los vecinos aprenden a ser demócratas. Si nos declaramos un país democrático, debemos cuidar la democracia local. Y eso empieza por respetar el derecho de información de los concejales”, sentencia.




