La Plataforma Social de Castilla y León pide explicaciones a la Junta por el copago indebido en servicios sociales

Valladolid

El boletín Oficial de Castilla y León, el BOCYL, ha hecho publico el fallo judicial del Tribunal Supremo dictado en junio de este año y en el que se declara la nulidad del decreto de la Junta de Castilla y León del año 2011 por el que se establecen los Precios Públicos para la prestación de determinados servicios sociales en residencias, centros ocupacionales o centros de día para personas con dependencia en la comunidad.

De esta manera el alto tribunal confirma que los pagos que se obligó a hacer a 150.000 personas de la comunidad durante 18 meses, personas mayores y dependientes de grado 3, se cobraron de manera indebida al tratarse de una Tasa por servicio de carácter esencial y por tanto, procede no seguir girando tal Precio Público y devolver lo cobrado indebidamente durante los meses que se ejecutó mal.

La publicación del fallo en el BOCYL al que obliga a la Junta el propio Tribunal Supremo, "llega casi seis meses después", denuncian desde la Plataforma Social de Castilla y León. Su portavoz, Jorge Félix Alonso, pide a la Junta "que se explique" e indique que es lo que va a hacer ahora después de publicar esta sentencia "que podría suponer la devolución de unos 50 millones de euros". Alonso lamenta "el silencio de la Junta de Castilla y León ante este sentencia que afecta a muchas personas que todavía no sabes que va a pasar ahora".

Esta misma semana, en la comparecencia de la consejera de Familia Isabel Blanco, en las Cortes para explicar los presupuestos de su departamento para 2026, era el procurador Francisco Igea quien preguntaba al respecto de esta sentencia del Supremo.

La consejera Isabel Blanco se limitó a reconocer que tendrán que sentarse a estudiar su contenido, "la sentencia la hemos cumplido en sus términos y habrá que estudiar cada caso", indicaba Isabel Blanco una vez que el procurador Igea se preguntara si "se va a devolver el dinero a las personas que se ha cobrado indebidamente, tendrán que recurrir de forma individual o se actuará colectivamente", preguntas que ha generado esta sentencia con "la incertidumbre lógica de los afectados", añadía.