El inspector de Hacienda que 'encendió la mecha' de la Trama Eólica asegura que hubo una "simulación fiscal"

Valladolid

Juan Manuel Tocino, inspector de Hacienda que, hace once años, elaboró el informe que ha derivado en el juicio de la Trama Eólica, ha relatado el detalle de las operaciones de compraventa de acciones y creación de sociedades interpuestas en el marco de la tramitación de los parques eólicos y que ha definido como una "simulación fiscal de libro" que derivó en la presunta comisión de diferentes delitos fiscales que, entre otros, son los que juzgan en esta macrocausa.

Entre esas operaciones, las que protagonizaron Iberdrola y San Cayetano, con compras y recompras de acciones que carecían de sentido mercantil. Una operación firmada en febrero de 2007 entre Iberdrola y San Cayetano Wind, propiedad del empresario Alberto Esgueva, mercantiles que, a su vez, crearon la sociedad vehículo Energía Global Castellana para la promoción de distintos parques eólicos en Castilla y León.

El experto fiscal ha cuestionado la forma y el fondo puesto que a resultas de los movimientos de dinero entre unos y otros San Cayetano Wind ingresó 44 millones de euros por revender a Ibercyl, filial de Iberdrola, acciones por las que había desembolsado dos años antes 24.000 euros, También ha indicado sus dudas sobre el carácter de la relación mercantil entre ambas dado que, siempre según sus aclaraciones la principal beneficiaria de esta recompra no hizo servicio o trabajo alguna para la eléctrica. Hay que tener en cuenta que era una condición impuesta en el acuerdo marco.

También ha aportado detalles acerca de cómo, a partir de una transferencia de Preneal al Grupo Collosa, con las mismas sospechas de ilegalidades fiscales, se puso en marcha una investigación mayor que tuvieron que detener cuando entendieron que en todo el asunto había también posibles responsabilidades penales.

La investigación de este asunto hizo que tuviera incluso un contacto personal con directivos de Preneal en Madrid. Tal y como ha relatado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción le llegaron a reconocer que "habían recibido importantes imposiciones y que ello les había costado muchos millones". Otro interlocutor señaló que se consideraban como una "víctima del sistema". Una referencia, siempre presuntamente, al chantaje sufrido por altos cargos de la Junta para dar entrada en el asunto a empresarios de Castilla y León.

Para ejemplificar de manera más clara todo este complejo asunto fiscal, financiero y mercantil ha hecho una comparación con la compraventa de parcelas cuando se va a producir una recalificación.

En el prolijo repaso al trabajo realizado por los funcionarios de la Agencia ha enmarcado otra operación. En este caso entre Iberdrola y el empresario y ex director general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que también se sienta en el banquillo. Se creó una nueva sociedad llamada Villardefrades Eólica. El acusado, a través de una relación personal con un compañero de banquillo, Ricardo Bravo, directivo entonces de la empresa energética, ofreció una parcela para la instalación de molinos de viento y aportó a la sociedad 600 euros.

Lo llamativo del caso es que Martín de Paz realizó a posteriori, el 15 de enero de 2007, una aportación de 357.000 euros que le fue devuelta por Iberdrola dos meses después, junto con otros 200.000 euros más y la recompra de acciones.

Toda la documentación que llegó a acumular este inspector de Hacienda sobre el asunto llegó a ocupar dos armarios completos que tuvieron que ser habilitados expresamente en las instalaciones de la Agencia Tributaria.