La instrucción para autorizar los parques fue "manifiestamente ilegal"

Valladolid

Tras un arranque accidentado, con dos recesos, uno de ellos para decidir si la actualización de un informe aportado por una de las acusaciones particulares se podía incorporar a la causa -algo que finalmente fue rechazado por la Sala-, el juicio de la Trama Eólica tuvo sus momentos más interesantes con la comparecencia de dos interventores generales del Estado que se pronunciaron, entre otras cosas, sobre uno de los asuntos claves de la causa: la creación de una instrucción de avocación que atribuía las competencias en la autorización de los parques a la viceconsejería de Economía en detrimento de los servicios territoriales de la Junta.

Así, los dos profesionales, ya jubilados, coincidieron al apunta que fue "manifiestamente ilegal". Al mismo tiempo han explicado que supuso un retraso en las autorizaciones fuera de lo normal.

Son las dos principales conclusiones que ha dejado el testimonio de dos peritos, interventores generales del estado, que han comparecido en el juicio de la Trama Eólicas. Preguntados por la Fiscalía sobre la famosa avocación, la decisión adoptada por el área que dirigía el principal acusado, Rafael Delgado, fueron rotundos al señalar que este tipo de herramienta legal sólo se puede usar en casos concretos y no como norma general, como fue, presuntamente, el caso que se sustancia en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Los dos peritos revisaron "con criterios estadísticos" 209 expedientes sobre un total de más de 2.000. Se centraron especialmente en una docena con luz verde y otro que se quedó por el camino, el de Altos del Rasero. La primera solicitud se tramitó en 1999 y en 2006 tenía una declaración de impacto ambiental positiva. Pero, según han apuntado, los papeles se quedaron en algún cajón cuando se produjo la competencia territorial con otra iniciativa, Ventosa del Ducado, que tuvo una gestión "rapídisima".

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El documento elaborado por estos dos funcionarios ya en el retiro fue sometido a críticas por parte de las defensas que intentaron con sus preguntas cuestionar su veracidad. Los interventores hablaron también sobre numerosos cambios en la titularidad de las empresas que promovieron los parques y quienes finalmente se hicieron con los proyectos. Así se refirieron al supuesto proceso de criba impuesto por Rafael Delgado, y otros compañeros de banquillo para que los promotores iniciales franquearan el acceso en el accionariado a empresarios locales que ellos mismos elegían.

Cuando tal situación se producía había una "clara agilización" de los proyectos, "en especial los de Energía Global Castellana", la sociedad vehículo participada por varias filiales de Iberdrola y San Cayetano Wind del industrial -también encausado- Alberto Esgueva.

Los peritos achacan estos cambios en el accionariado de las sociedades a "motivos especulativos" y coinciden en que algunos de los empresarios que entraron en el negocio eólico no tenían interés alguno en explotar parques sino únicamente en "obtener un documento administrativo" para sacar dinero con él.