Las Cortes tumban el paso a gestión pública del operativo contra incendios de Castilla y León tras derogar dos decretos de la Junta

Valladolid

Las Cortes rechazan el paso a gestión pública del operativo contra incendios de Castilla y León: queda derogado el decreto aprobado por la Junta relativo a estos cambios con los votos del PSOE, Vox, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea. Han respaldado su convalidación los 31 procuradores del Partido Popular y los dos no adscritos.

El texto, entre otras cuestiones, incluía el paso a gestión pública del operativo, de tal manera que, en un plazo de tres años, los contratos con las empresas privadas pasarían a la entidad pública Tragsa. También incluía la calificación de bombero forestal o el paso a fijo todo el año para los trabajadores del operativo.

El consejero de la Presidencia, responsable de la materia de Función Pública, Luis Miguel González Gago, ha defendido el decreto y cree que la oposición, tras tumbarlo, deberá explicárselo a los ciudadanos: "Cada uno debe ser responsable de sus actos y deberá dar las explicaciones oportunas, sostiene.

Gago ha incidido en que el decreto, el cual ahora ya decae, tenía un triple objetivo: "Dar estabilidad al operativo propio, adaptar la normativa autonómica a las leyes del Estado y garantizar un dispositivo de carácter público".

"Es mucho más fácil criticar que trabajar"

Las Cortes también han derogado un segundo decreto, en este caso el relativo a la flexibilización de medidas para prevención en materia de incendios forestales. Ambos rechazos son entendidos por la Junta como un ejemplo de que la oposición no quiere trabajar y ya está en clave electoral: "Pone de manifiesto que es más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León. La Junta a va seguir trabajando para tener más seguridad y más prevención. Está claro que no lo podemos hacer con la colaboración de la oposición, solo están pensando en las elecciones de marzo", afirma el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la finalización del pleno.

En este sentido, Suárez-Quiñones ve imposible hacer dos nuevos decretos dado que solo faltan dos plenos para concluir la legislatura. Aún así, garantiza que la Junta trabajará para implantar las medidas y considera que la oposición "está engañando a la ciudadanía".

En una nota de prensa emitida por la Consejería de la Presidencia, la Junta "advierte de que la no convalidación del Decreto-Ley 1/2025 por las Cortes puede paralizar o retrasar las mejoras para el operativo contra incendios forestales de Castilla y León".

Toda la oposición, en contra

Todos los grupos de la oposición han votado contra la convalidación de este decreto ley: "No supone una transformación real del operativo. Es una puesta en escena mediática para aparentar que se da una respuesta ambiciosa cuando las mejoras son solo cosméticas. Se mejoran las condiciones de algunos trabajadores, pero no las necesarias", explica Miguel Hernández, procurador del PSOE, que acusa a la Junta de no haber querido negociar con los sindicatos el texto de la norma.

Vox también ha rechazado el decreto ley porque consideran que el paso de los trabajadores a la empresa Tragsa no sería bueno: "No es bueno para el dispositivo ni para los castellanos y leoneses porque llevará un encarecimiento de los contratos. Causará el cierre, calculamos, de unas 375 empresas del sector forestal privado. Una decisión de este calado debería tener más consenso, más diálogo, y más reflexión", defiende el procurador Ignacio Sicilia.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ve al Partido Popular en "soledad" y considera que el decreto ley no mejora las condiciones de los integrantes del operativo: "El dinero destinado a prevención es inversión, el destinado a apagar incendios es simplemente gasto", afirma.

El Partido Popular, que sí ha respaldado la norma, ha criticado el voto en contra de la oposición y avanzan problemas si vuelve a ocurrir una situación como la del pasado verano sin estos decretos en vigor: "El año que viene el gobierno que salga de las urnas se va a encontrar con que la Junta de Castilla y León no va a tener una norma actualizada. Se lo tendrán que explicar a los trabajadores, a los alcaldes, a los municipios y a los castellanos y leoneses", afirma el procurador del PP, Raúl Hernández, que ve falta de "responsabilidad" en la decisión de los grupos parlamentarios.

Una "mentira" para "engañar"

Mientras dentro, en el hemiciclo, se debatían y votaban los decretos a las puertas de las Cortes de Castilla y León se concentraban bomberos forestales convocados por los sindicatos para rechazar esta normativa: acusan a la Junta de tratar de engañar a la ciudadanía con una mejora del operativo que consideran una mentira.

"Es una mentira, pretenden engañar a los ciudadanos. No es cierto que mejoren el operativo. Los que están en primera línea de fuego, los que se queman las pestañas, no se ven mejorados por este decreto ley", defiende Agustín Argulo, de CSIF, que defiende que en el decreto no se incluye a todos los trabajadores con la catalogación de bombero forestal.

Los sindicatos consideran un "engaño" el decreto ley de la Junta sobre el operativo contra incendios de Castilla y León

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Carlos Arenas, de UGT, incide en que "el modelo sigue siendo el mismo" y que el decreto "no mejora nada". Vaticina que, si el verano que viene las condiciones climáticas vuelven a ser las mismas, "el resultado será el mismo".

Desde Comisiones Obreras Juan Carlos Hernández incide en que el decreto "no aumenta una persona el operativo" y cree que el cambio de gestión de privada a pública es un "cambio de cromos" porque las condiciones laborales de los trabajadores de empresas públicas "no son las de empleados públicos".

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