El aborto y los doctores

León

Hace cuatro décadas que la Ley Orgánica 9/1985 despenalizó el aborto en nuestro país. Dos leyes posteriores, la última de hace tres años, garantizan su gratuidad y eliminan el consentimiento parental para menores de 16 y 17 años y se obliga a los médicos objetores a derivar a sus pacientes a otro profesional o centro sanitario.

Tenemos las leyes, pero quienes deben cumplirlas no siempre están dispuestos a hacerlas cumplir. Esta semana las socialistas leonesas han denunciado públicamente que el derecho al aborto en nuestra provincia y en nuestra comunidad no lo tiene fácil. Lo primero, porque 4 de cada 5 ginecólogos de Castilla y León tienen reparos a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Un problema que deja en una exigua minoría de 40 profesionales no objetores.

Y tan sólo hay dos hospitales públicos, Burgos y Salamanca, donde es posible acudir para esta cirugía. En 2024, la totalidad de las mujeres leonesas que optaron por interrumpir su embarazo tuvieron que desplazarse fuera de la provincia y de la comunidad.

Así se escribe la historia de una transición política que conlleva, entre otros avances, la ampliación de derechos civiles, pero a la que algunos profesionales, en este caso de la clase médica, le ponen zancadillas. Eso sí, en estas tierras con la bendición de una clase política conservadora de privilegios y diezmos.

La próxima semana el patrón de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León, el incombustible José Luis Díaz Villarig, invita a sus camaradas a sumarse a un paro a nivel nacional de cuatro días en protesta contra la reforma del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad.

Saben una cosa, estoy seguro que al doctor Villarig y a sus compañeros de viaje sindical les importa un huevo la ley del aborto y las penurias que padecen las mujeres de nuestro entorno que desean interrumpir su embarazo.