Aquí no hay quien viva: las infraviviendas y el acoso inmobiliario hacen imposible un hogar digno

Si ha habido un artículo de la Constitución protagonista en este 47 cumpleaños de la Carta Magna es el que hace referencia, precisamente a la vivienda digna. Es de esperar, ya que las dificultades de acceso a la vivienda siguen siendo, un año después, el principal problema de los españoles.

El último barómetro del CIS así lo atestigua. Sin embargo, ¿cómo se está acometiendo este derecho a un hogar digno por parte de quienes gobiernan y, sobre todo, de quienes se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución?

Los precios de la vivienda siguen subiendo en todas las autonomías y registran, mes a mes, nuevos máximos. Mientras, las que ya están construidas, se mantienen gracias a triquiñuelas legales de quienes incluso sortean la principal obligación para que una casa sea digna: la cédula de habitabilidad.

Sobre ello profundiza la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este y, recientemente nombrada vicepresidenta segunda del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Susana Moreno: "son aquellas normas que definen cuál es la vivienda mínima y que tenga unos parámetros mínimos en cada uno de sus espacios. No solo tiene que ver con lo referente a las medidas de las estancias sino en lo referente a la iluminación natural que debe tener o la ventilación exterior".

Pero el texto de la Carta Magna va más allá; el artículo 47 añade que "los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y regular el uso del suelo para impedir la especulación". Algo que contrasta con la imagen que se multiplica en las ciudades: antiguos trasteros o locales comerciales que se han reconvertido en viviendas en los últimos años, sobre todo en los centros de las capitales.

Algunas de ellas se pueden constatar en portales inmobiliarios y cuentan con habitaciones sin luz natural, con mínimas ventanas interiores que sin embargo se alquilan gracias a tener unos precios asequibles, dentro de la situación tensionada del mercado.

En este sentido, Susana Moreno puntualiza que muchas de estas obras se autorizan como obras menores, que no necesitan del visado de un arquitecto y basta con una declaración responsable.

El resultado, en definitiva infraviviendas, casi zulos, en los que algunas personas no tienen mas remedio que sobrevivir: "Tiene que haber un proyecto para comprobar esas medidas mínimas o dónde están las ventanas, tiene que estar firmadas por un arquitecto, pero muchas obras se hacen bajo el paraguas de obra menor, basta con una declaración responsable que no tiene las mismas garantías de revisión que si se presenta una licencia de obras tradicional".

Además, esta declaración responsable es automática, indica y es ahí donde radica el problema, que tiene unos controles y supervisiones mínimos. Por ello piden que desde la administración autonómica se impulse una normativa mínima para que los ayuntamientos -responsables directos de la supervisión- no puedan hacer grandes obras que transforman trasteros en viviendas sin asegurar el mínimo garantizado para vivir.

Desigualdades, migrantes y discapacidad

Otro de los problemas según el barómetro del CIS es la percepción cada vez mayor de desigualdades, incluida la pobreza y diferencia de clases sociales. Es el artículo 14 de la Constitución el que marca la igualdad de los españoles, sin discriminación por diferentes razones, entre ellas por razón de género.

Una igualdad que sigue lejos de alcanzarse, máxime si hablamos de vivienda, bajos ingresos... y personas migrantes Y es que ellos son los principales afectados del llamado llamado acoso inmobiliario: "Si ya siendo inquilina tienes una situación de poder inferior, si eres mujer migrante lo tienes mucho peor, porque se exige permiso de residencia o incluso estar empadronado para firmar un contrato de alquiler", recalca Elisa Millán, portavoz Sindicato de la Vivienda en Valladolid.

El acoso inmobiliario es similar al mobbing laboral, pero con menos base jurídica para poder defenderse, en el caso de que se denuncie. Eso hace que muchas personas terminen rechazando acudir a los juzgados, salvo cuando se coacciona con violencia a través de las mal llamadas empresas de desocupación.

A sus instalaciones les llegan ejemplos de ello cada día: "nos llegó, por ejemplo, el caso de una mujer que tenía humedades en su vivienda y el casero tenía que acometer esa reparación y el casero se dedicó a hablar mal de ella en la comunidad de vecinos; uno de sus hijos iba en silla de ruedas y directamente hacía lo posible para que no subiera al ascensor, también cuando no hay una sentencia de desahucio, hay gente que se llega a meter con las llaves en la casa lo que hace que vivir sea imposible y no tengan otra que irse". Por ello, desde la organización hacen una labor de asesoramiento a aquellas personas que necesitan información para actuar ante aquellas personas que quieren especular.