Solicitan prisión para el exalcalde de Vita acusado de los delitos de malversación y negociaciones prohibidas

El fiscal y la acusación particular piden prisión para exalcalde de Vita en el año 2014, Emilio Herrero, acusado de los delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario público al no abstenerse en una votación que benefició a su familia.

La Audiencia Provincial de Ávila juzgará la semana que viene a Emilio Herrero, exalcalde de Vita, por unos hechos que se remontan a un acuerdo adoptado en un pleno municipal celebrado en abril de 2014 que, según las acusaciones, habría beneficiado directamente a una finca familiar del acusado.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el alcalde participó el 29 de abril de 2014 en un pleno del Ayuntamiento de Vita en el que se aprobó por unanimidad la realización de una obra para habilitar un acceso a la finca conocida como Prado de Vallehondo. Esta actuación permitió el cerramiento y el acceso a una finca colindante, propiedad del padre del acusado y explotada por él mismo. Una decisión que habría supuesto un beneficio personal derivado del ejercicio de un cargo público.

Las obras incluyeron la ampliación de accesos y la apertura de una nueva entrada que mejoró el cerramiento de la finca familiar, agravando con su decisión la "servidumbre de paso existente" y colocó "una de las dos puertas en el cierre de su propia parcela y colocando las puertas viejas a ambos lados del camino formando un paso exclusivo para el mismo en una finca propiedad del Ayuntamiento".

El fiscal y la acusación particular piden prisión

El fiscal en su escrito considera que los hechos podrían incurrir en un delito de negociaciones prohibidas y solicita para el exalcalde una pena de seis meses de prisión, multa de 2.160 euros, a razón de 6 euros por día durante un año, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, con la atenuante por dilaciones indebidas, ya que el procedimiento, incoado en 2019, ha sufrido retrasos no atribuibles al acusado.

Por su parte, la acusación particular aumenta la petición de prisión a un año y medio de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que incurrió en un delito de malversación y otro de gestión interesada, al haber aprobado obras con fondos públicos en beneficio propio y sin abstenerse del voto en el pleno, pese a la existencia evidente de un conflicto de intereses.

En su escrito, la acusación también señala que el acusado contrató directamente a la empresa Julio Mesonero Santana para ejecutar las obras por valor de 3.660,25 euros, importe que fue abonado por transferencia el 18 de junio de 2015. Un gasto que la acusación considera "redunda únicamente en beneficio de los intereses particulares del acusado".

Por estos hechos, la acusación particular solicita una pena de un año de prisión y multa por malversación, seis meses más por gestión interesada, así como una inhabilitación especial para cargo o empleo público por un total de siete años. También reclama la devolución del importe invertido e indemnizar al Ayuntamiento de Vita por importe de 3.660,25 euros.

La defensa solicita la libre absolución

Por su parte, la defensa del acusado niega los hechos imputados y reclama la libre absolución, alegando que la decisión del pleno de 2014 no benefició exclusivamente a la finca del padre del acusado, ya que “se acordó por unanimidad y para realizar una entrada que sirviera para las dos fincas afectadas”, ambas de una familia denunciante. Además, considera que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades administrativas, señalando “la inexistencia del informe de la secretaría municipal que avalara el acuerdo adoptado en 2018 para investigar los hechos".

Según la defensa, durante todo el procedimiento “no se ha probado la existencia de dolo, ni el acusado ha obtenido beneficio alguno”. Además, apunta que los hechos ocurrieron hace más de diez años y que muchos aspectos administrativos fueron posteriores a la actuación investigada.

En este sentido, considera que los hechos que se enjuician la próxima semana ocurrieron hace más de diez años y podrían haber prescrito.

El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Ávila después de 11 años de ocurrir el hecho. Este alcalde fue elegido en 2011, y en 2015 volvió a salir alcalde, sin embargo, año y medio después fue derrocado en una moción de censura por otro concejal, compañero del PP y el otro edil, perteneciente al PSOE.

Moción de censura

Las diferencias surgidas entre los dos ediles populares desembocaron en una moción de censura respaldada por el popular Antonio Martín y el socialista Audacio García, que consiguieron de este modo desbancar al ya exalcalde, Emilio Hernando.

El pleno se celebró el martes 29 de noviembre y se prolongó por espacio de una hora. A la sesión plenaria asistieron varios alcaldes populares de la zona para manifestar públicamente su apoyo al regidor saliente.