El macrojuicio por la Trama Eólica afrontará su recta final después de Reyes

Valladolid

La mayor causa por corrupción en la historia de Castilla y León llega a su fin. Las sesiones empezaron en octubre y, desde entonces, hemos podido escuchar a 70 testigos, una veintena de peritos y a los acusados. Sólo tres se han acogido a su derecho a no declarar: Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente.

Todos los demás han respondido, la mayoría a sus abogados, aunque algunos como el principal acusado, Rafael Delgado, lo han hecho a todas las partes. Lo que queda por delante es puro trámite: la lectura de los informes definitivos de acusaciones y defensas y el derecho que tienen quienes ocupan el banquillo de los acusados a ejercer la última palabra.

En este sentido, hay que recordar que en otro caso con delitos similares y protagonistas compartidos, el de la Perla Negra y los terrenos de Portillo sólo Delgado se acogió a esta posibilidad. Lo hizo para reafirmar su inocencia y para asegurar que, de poder dar marcha atrás en el tiempo, haría exactamente lo mismo. Fue condenado a 2 años y medio de cárcel. Muy lejos de lo que reclamaba la Fiscalía -22 años de reclusión- pero suficiente para que tenga que ingresar en prisión si ahora vuelve a ser encontrado culpable.

Como entonces, durante estas semanas un nombre ha sobrevolado la sala de vistas: el de quien fuera consejero en varios departamentos de la Junta, vicepresidente del gobierno autonómico y auténtico 'factotum' de la política vallisoletana y castellanoleonesa. Tomás Villanueva, fallecido en 2017, era el máximo responsable de la Consejería de Economía cuando sucedieron los hechos -entre 2004 y 2007-. Es, aproximadamente, el mismo período en el que tuvo lugar el asunto de la compra del Edificio de Soluciones Administrativas, situado en Arroyo de la Encomienda y que es conocido popularmente con el mismo nombre que el barco de Jack Sparrow en la conocida saga cinematográfica debido al color de sus fachadas. También cuando se desarrolló el proyecto de un polígono industrial en los terrenos situados en uno de los márgenes de la Autovía de Pinares, en el término municipal de Portillo. Una iniciativa que, más allá de la implantación de dos empresas, una de ellas, por cierto, presuntamente implicada en el asunto que se juzga ahora en la Audiencia Provincial de Valladolid, se quedó en nada.

Villanueva, sus órdenes directas a la hora de organizar el proceso para tramitar las concesiones de parques eólicos, para 'invitar' a quienes aspiraban a contar con la luz verde de la Junta a introducir socios locales en el accionariado de las empresas promotoras, ha sido mencionado en repetidas ocasiones, por testigos y acusados. Su muerte, hace ahora 8 años, ha impedido precisar si las responsabilidades jurídicas que ya han recaído en algunos de sus subordinados también le hubieran salpicado a él.

Pleito civil "complejísimo"

Lo que tendrán que analizar los tres magistrados que conforman la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid pasa por ser un asunto de enorme complejidad, tanto desde el punto de vista penal como en las derivadas civiles. Esto es algo que ha sostenido en varias ocasiones quien preside y es ponente en esta causa. Ángel Santiago, que se ha mostrado a lo largo de las sesiones, inflexible a la hora de delimitar hasta dónde podían llegar los representantes legales de unos y otros ha sido muy claro a la hora de señalar que las cuestiones que hay sobre la mesa no son fáciles de resolver.

Especialmente la parte referida a las reclamaciones por los perjuicios que se atribuyen, según las acusaciones, a las dilaciones que se aplicaron por parte de la Junta en la gestión de algunos de los permisos. A eso hay que añadir que la propia materia que se analiza presenta una importante carga técnica asociada a los mecanismos administrativos y legales que enmarcan los procesos de gestión de las autorizaciones para sacar adelante los parques eólicos.

Queda por ver hasta qué punto afecta esto al plazo en el que conoceremos la sentencia. Hay que tener en cuenta que el final del procedimiento coincidirá con la precampaña de las elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo. El PSOE ha insistido en repetidas ocasiones en reclamar responsabilidades al candidato del PP y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber formado parte de los gobiernos en los que se produjeron las presuntas ilegalidades.

La debilidad parlamentaria en la que quedó el PP tras la ruptura del pacto con Vox en el verano de 2024 ha permitido que la Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobara la comparecencia de Mañueco para hablar del asunto ante el Pleno de la cámara. Las dos intervenciones que hizo, por cierto, duraron, sumadas, siete minutos y medio.