Aumentan las denuncias y las sentencias condenatorias por violencia de género en Castilla y León

Valladolid

El número de denuncias registradas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante el tercer trimestre de 2025 en Castilla y León alcanzó la cifra de 1.864, lo que supuso un incremento del 20,57 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el 'Informe trimestral sobre Violencia de Género' del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 1.715 mujeres víctimas, un 24,64 por ciento más que hace un año, de las cuales 1.010 eran españolas y 705 extranjeras, mientras un total de trece eran menores de edad.

El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 12,21 por ciento, que pasó de 172 a 193 mujeres víctimas. De ellas, el 56 por ciento eran extranjeras.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 549 órdenes de protección, un 3,98 por ciento más que hace un año. De ellas, fueron adoptadas 421, con un incremento interanual del 4,5 por ciento.

Además, la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres en la Comunidad se sitúo en el 14,1, por debajo de la media española del 19,8.

Por otro lado, en el tercer trimestre de 2025 se contabilizaron en Castilla y León 274 sentencias condenatorias, con un incremento del 63,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y diez absolutorias. En el mismo trimestre, se ha enjuiciado a 285 personas, un 53,2 por ciento más.

Denuncias en España

A nivel nacional, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron entre julio y septiembre de este año 53.268 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda España una media de 579.

En este sentido, revela que el número de mujeres víctimas de violencia de género y el de las denuncias presentadas durante el tercer trimestre de 2025 se han mantenido estables con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas (un 0,88 por ciento más que hace un año) y 53.268 denuncias (un 0,23 por ciento más).

Igualmente, refleja que siete de cada diez denuncias (72,29 por ciento) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría; las presentadas por familiares representaron el 1,92 por ciento del total de denuncias, un porcentaje levemente más bajo que el registrado en el mismo trimestre de 2024.

El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (16,27 por ciento), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (6,96 por ciento) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,56 por ciento).

En cuanto a la distribución de las víctimas según su país de origen, el 61 por ciento de las mujeres víctimas tenían nacionalidad española y el 39 por ciento restante, otras nacionalidades. En el tercer trimestre de 2025 se registraron 121 víctimas menores tuteladas, de las que el 69,42 por ciento eran españolas y el 30,58 por ciento restante, extranjeras.

No quieren declarar

Los casos en lo que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (5.480) han aumentado un 22,51 por ciento respecto al tercer trimestre de 2024, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 11,5 por cada cien víctimas de violencia de género. Este porcentaje representa el 10,17 por ciento en el caso de las víctimas españolas y el 12,67 por ciento en el de las extranjeras.

Entre los meses de julio y septiembre, 19,8 de cada 10.000 mujeres de toda España fueron víctimas de violencia machista, una tasa muy próxima a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 19,6.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9. Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, con 15,8; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1 y Navarra, con 19,2.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.844 órdenes de protección, un 1,6 por ciento menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.920, un 1,15 por ciento menos que hace un año. Los juzgados acordaron 7.377, el 68,3 por ciento de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 76 por ciento de las solicitudes registradas.

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Tomando en consideración el total de órdenes de protección adoptadas (tanto por los juzgados de violencia sobre la mujer como por los juzgados de guardia), se adoptaron siete de cada diez órdenes solicitadas (69,44 por ciento ), un porcentaje muy próximo al 66 por ciento de hace un año.

En el 42,8 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 7.866 víctimas pidieron la adopción de medidas de protección: siete de cada diez (7.866, el 72,8 por ciento ) eran españolas y 2 de cada 10 (149, 1,89 por ciento ), menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.185 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (6.261), que representaron el 68,10 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la orden de alejamiento (6.111), un 64,31 por ciento .

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.100 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.553), que representaron el 19,71 por ciento del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.095), el 14 por ciento del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron muy similares a los registrados hace un año.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 996 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, que representaron el 12,55 por ciento del total de las medidas civiles adoptadas. Los órganos judiciales adoptaron también 667 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, un 8,45 por ciento del total de medidas civiles. Además, acordaron 47 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 173 casos, suspendieron la patria potestad.

De la misma manera, el informe revela que los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 13.440 sentencias, de las que 11.376 (el 84,64 por ciento) fueron condenatorias y 2.064 (el 15,36 por ciento), absolutorias.