Los sindicatos estudian llevar a la Justicia a la Junta tras negarse a reconocer a los bomberos forestales como obliga la ley

No quedará otra que ir a los tribunales. Los sindicatos comienzan a plantear el reclamar por vía judicial la insumisión de la Junta respecto a la aplicación nacional de la ley que obliga a reconocer a los bomberos forestales. Así se ha escenificado este viernes en la última mesa de función pública.

Y es que la Consejería de Presidencia solo se ha abierto a cumplir los mínimos alcanzados en el acuerdo del Diálogo social de 2022 referente a los peones y conductores de motobomba para que trabajen los 12 meses y el doble de lo actual.

Sin embargo, aún no se cumple con la norma aprobada hace un año en el Congreso se ha eliminado del borrador de la nueva relación de puestos de trabajo: "ni siquiera están aplicando las cotizaciones en los códigos correctos, ni las cotizaciones adicionales para permitir jubilaciones anticipadas. O mucho cambian las cosas o los trabajadores tendremos que acudir a los tribunales para hacer valer nuestros derechos" destaca Juan Carlos Hernández, responsable del sector de personal público en CCOO Castilla y León.

El ejecutivo autonómico insiste en que no han incluido en el proyecto de borrador este reconocimiento, al que obliga la ley estatal, escudándose, según el sindicato, en que "no se ha modificado el convenio". Alegación que no les es suficiente a la organización, ya que ellos, junto a UGT y CGT llevan tres años pidiendo esa adaptación a la ley básica: "ahora tienen una ley que les obliga y, no quieren hacerlo después de que no saliesen los decretos antiincendios adelante".

Operativo público y estable

Mientras, Comisiones Obreras ha propuesto un nuevo sistema de lucha contra incendios en Castilla y León que pasa por eliminar las externalizaciones, es decir, eliminar aquellos servicios que actualmente se han subrogado a diferentes empresas. Todo tras un verano que, según estiman, ha calcinado en la comunidad unas 165.000 hectáreas.

El sistema se basa en dos ejes: por un lado, hacer un operativo totalmente público y permanente que pasaría por la puesta en marcha de 134 brigadas de extinción de incendios (BRIF), 24 brigadas helitransportadas, 84 bases comarcales, 24 Bases aéreas y 30 medios aéreos, con aproximadamente 3.000 bomberos forestales distribuidos en diferentes categorías profesionales desde ingenieros-bomberos forestales hasta la de peón bombero-forestal, más 1.200 agentes medioambientales y celadores de medio ambiente.

A ello se une un plan inicial de inversiones y mejoras en infraestructuras de 22 millones de euros (bases comarcales, bases aéreas y puestos de vigilancia) más 22,5 millones en adquisición de vehículos y materiales. Todo esto, supondría un coste total cercano a los 82 millones de euros, nueve menos que los que este año ha aprobado en esta materia la Junta: "se ha visibilizado el fracaso de la Junta en esta materia, así que ante un contexto de emergencia climática, tenemos que tomar la delantera", destacaba la secretaria autonómica del sindicato, Ana Fernández.

Por otro lado, el segundo de los ejes contempla una gestión activa del monte a través de tratamientos silvícolas preventivos que reduzcan la carga y continuidad del combustible. Existe consenso en que debería actuarse anualmente en una superficie mínima del 1%, priorizando zonas estratégicas de actuación, el impulso a los aprovechamientos forestales sostenibles e inversión en el medio rural.