Servicios Sociales: de esenciales a invisibles en la nueva RPT del Ayuntamiento de Aranda

Aranda de Duero

Esta tarde el Ayuntamiento de Aranda de Duero lleva a pleno para su aprobación la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Un documento que, lejos de ser un mero instrumento técnico, retrata con nitidez las prioridades políticas, el criterio de quien lo ha elaborado y el papel que juegan -o dejan de jugar- determinados colectivos dentro de la administración municipal.

Uno de los grandes olvidados de esta RPT es el área de Servicios Sociales, un departamento cuyos profesionales han sido directamente relegados a un segundo plano. Paradójicamente, hablamos del mismo colectivo que durante la pandemia fue declarado esencial, sosteniendo a las personas más vulnerables en uno de los momentos más duros que ha vivido la Humanidad.

Hace unos días, representantes de Sentir Aranda y el concejal de Servicios Sociales mantuvieron una reunión con trabajadores del área a raíz de un escrito que presentaron al equipo de gobierno reivindicando un trato de igual en la nueva RPT. Lejos de aclarar dudas, las explicaciones ofrecidas superaron las peores expectativas del personal. Según ha podido conocer la SER, se les trasladó que “no realizan un trabajo con repercusión social” y que “las competencias son de la Junta de Castilla y León y es quien paga vuestros sueldos”.

Las afirmaciones han sido un impacto en la concejalía. Porque si ese es el criterio del equipo de gobierno, cabe preguntarse qué hacen entonces los profesionales de Servicios Sociales desarrollando competencias exclusivamente municipales, recogidas de forma expresa en el artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local: evaluación de situaciones de necesidad social, atención inmediata a personas en riesgo de exclusión, promoción de la igualdad, actuaciones contra la violencia de género, entre otras. ¿Deben abandonar estas funciones porque parte de la financiación procede de la Junta? ¿Debe el Ayuntamiento renunciar a competencias propias porque no asume íntegramente el coste salarial?

¿Un área sin repercusión social?

Definir Servicios Sociales como un área “sin repercusión” supone despreciar el trabajo diario de quienes elaboran informes de emergencia social, informes de vulnerabilidad, valoraciones de dependencia, informes para la Seguridad Social, informes de violencia de género, de menores, y desarrollan programas de prevención y acompañamiento.

Pero el desprecio no se queda ahí. No es solo hacia la concejalía o sus profesionales, a quienes se tacha de irrelevantes. Es también hacia los usuarios del servicio. Porque si el trabajo que se realiza con ellos “no tiene repercusión”, ¿qué dice eso del valor que el actual equipo de gobierno otorga a las personas en situación de vulnerabilidad o hacia otros muchos usuarios que usan estos servicios como Tercera Edad o jóvenes? Por coherencia, quizá habría que plantearse eliminar el término “social” de la concejalía, si realmente se considera que lo que allí se hace carece de impacto social.

La tensión actual tiene su origen en la nueva RPT municipal, cuyo contenido ya fue denunciado por los trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales en un escrito presentado al Ayuntamiento y hecho público hace unos días. En ese documento advertían de los agravios que sufriría el colectivo si la RPT se aprueba tal y como está redactada.

Según explican, la RPT no refleja de forma justa ni adecuada la realidad de sus puestos de trabajo y genera un agravio comparativo con la valoración que se hace de otras plazas del propio Ayuntamiento.

Homologación que no llega a Servicios Sociales y riesgo de pérdida de derechos y salario

Sentir Aranda sostiene que esta RPT busca la homologación de los puestos de trabajo tomando como referencia ayuntamientos similares de Castilla y León como Miranda de Ebro, Palencia, Soria o Zamora. Sin embargo, los profesionales de Servicios Sociales aseguran que este criterio no se ha aplicado en su caso, especialmente en puestos como el de las psicólogas municipales y todos los técnicos medios (trabajadores sociales, educadores..).

Critican además la utilización de “puestos tipo” para establecer una valoración homogénea, al considerar que no se ajusta a la realidad de un área con funciones específicas y elevada responsabilidad social. Servicios Sociales representa aproximadamente el 15% de la plantilla municipal.

Los trabajadores alertan además de que la nueva RPT podría suponer la pérdida de derechos ya consolidados, afectando especialmente a los puestos con mayor antigüedad y traduciéndose en perjuicios económicos para parte de la plantilla.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento una homologación real de sus puestos con el resto de la plantilla municipal y con otros ayuntamientos de referencia, el mantenimiento de los derechos adquiridos y una retribución justa y acorde a las características del puesto, sin pérdida de capacidad económica.

El conflicto en torno a la RPT ha puesto también el foco en las responsabilidades del proceso. El debate señala también a los autores de esta situación, el secretario en funciones como autor del documento, a Sentir Aranda como partido de gobierno que lo impulsa y lo lleva a pleno, al concejal de Servicios Sociales por consentir la situación y a los sindicatos cuya representación de los trabajadores queda cuestionada.