Mañueco vuelve a recurrir a la prórroga presupuestaria en Castilla y León

Valladolid

La debilidad parlamentaria del PP, su dependencia de terceros para gobernar y otros acontecimientos, como la pandemia de COVID o el adelanto electoral de 2022, se han traducido en una sucesión de prórrogas presupuestarias desde que Alfonso Fernández Mañueco accedió a la presidencia de la Junta en mayo de 2019, tras perder las elecciones con el peor resultado histórico para su partido en Castilla y León.

Mañueco se encontró entonces unas cuentas ya prorrogadas por su predecesor, Juan Vicente Herrera. Y empezó 2020 sin aprobar un nuevo presupuesto. La pandemia marcó el ejercicio económico de ese año. Y fue a finales de ese fatídico 2020 cuando pudo empezar a tramitar su primer presupuesto propio, pactado con Ciudadanos para el ejercicio de 2021, aprobado por las cortes en febrero.

Estaba a punto de aprobar el segundo cuando, en diciembre de 2021, el político salmantino apretó el botón del adelanto electoral. Los castellanos y leoneses fuimos a las urnas en febrero de 2022 con otro presupuesto prorrogado.

Tras ganar aquellos comicios, Mañueco tuvo que apoyarse en Vox y tras dar entrada, por primera vez, en la política autonómica a la ultraderecha en las instituciones, cerró un acuerdo con sus nuevos socios para 2023. La tramitación para 2024 se alargó y ese año empezó, de nuevo con prórroga aunque la negociación con Vox le sirvió para tener unos presupuesto que llegaron en la primavera de 2024.

Ese verano se produjo la ruptura con quien le había permitido seguir al frente de la Junta y, con un PP de nuevo en minoría, la falta de un acuerdo con el resto de fuerzas llevó a la prórroga en el ejercicio de 2025. Fue en aquel otoño cuando se produjo un movimiento inédito en la historia de la Junta: la presentación de un "anteproyecto" de presupuestos con el que el PP pretendía presionar al resto de partidos para forzar ese acuerdo.

Con la actividad legislativa prácticamente paralizada en las Cortes, viendo como la oposición tumbaba uno detrás de otro los proyectos de ley, con derrotas sonoras como las de la Ley de Publicidad Institucional, el intento de aprobar las cifras para 2026, año electoral, naufragaron de manera estrepitosa. Errores en la propia tramitación del proyecto llevaron a las Cortes a devolver el documento a la Consejería de Hacienda. Presentado por segunda vez, la cosa no pasó de la fase de enmiendas a la totalidad.

Y así, con seis prórrogas en seis años, dos de ellas aplicadas de manera parcial, Alfonso Fernández Mañueco afronta la cita con las urnas cuya convocatoria se espera para los primeros días del año nuevo. Su objetivo, si consigue los respaldos suficientes es presentar por tercera vez el proyecto y que su tramitación se lleve a cabo de la manera más rápida posible lo que, en cualquier caso, se producirá al final de la primavera de 2026 y difícilmente antes del verano.

El decreto que determina esta sexta prórroga contiene, como en ocasiones anteriores, cuatro artículos, una disposición adicional y una final.