CCOO denuncia colapso en los juzgados

Palencia

Pasada una semana desde la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, el sector justicia de Comisiones Obreras (CCOO) denuncia el grave colapso organizativo que se está produciendo en los juzgados pertenecientes al ámbito no transferido que dependen de la gestión del Ministerio de Justicia, como consecuencia de la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa, una norma impuesta sin planificación previa, sin un estudio serio de las necesidades reales de la Administración de Justicia y sin dotación presupuestaria suficiente.

CCOO quiere subrayar que ha sido el único sindicato que no ha firmado ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia para la implantación de esta ley, precisamente por advertir desde su inicio que el verdadero problema de la Justicia no es organizativo, sino estructural. Según el informe del de 2023, el sistema judicial español necesita la creación de al menos 400 nuevos juzgados, y no la redistribución de unos efectivos ya de por sí desbordados por una litigiosidad en constante crecimiento.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia no solo ha ignorado estas conclusiones, sino que ha optado por una política de reorganización interna a coste cero, basada en la redistribución de personal sobrecargado, sin reforzar plantillas, sin crear nuevos órganos judiciales y sin atender las necesidades específicas de cada territorio. Esta forma de actuar evidencia una gestión centralista, con directrices férreas dictadas desde Madrid, que no ofrece soluciones reales a los problemas que se están manifestando en las distintas provincias durante la implantación de la ley, problemas que son aún más evidentes en provincias donde no estaba operativa la NOJ (Nueva Oficina Judicial)

Las incidencias más graves se están registrando en edificios cuyas características arquitectónicas no permiten la agrupación física del personal en los términos exigidos por la nueva organización. Pese a ello, únicamente se están realizando adaptaciones menores, tardías e insuficientes, incapaces de dar respuesta a las necesidades reales del servicio público de Justicia.

Desde CCOO Justicia se denuncia que la redistribución del personal y de las cargas de trabajo se ha llevado a cabo sin un estudio previo serio por el Ministerio, sin datos objetivos y sin escuchar las reclamaciones de los representantes sindicales, concretamente las ofrecidas con conocimiento de causa por CCOO. Las decisiones se han adoptado en mesas de negociación donde apenas se han admitido modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, lo que demuestra una actitud continuada de imposición, opacidad y falta de transparencia.

El caos organizativo se agrava por la falta de medios materiales y de comunicación. Hay teléfonos que no funcionan, otros no se atienden, y el directorio telefónico y de correos electrónicos del Ministerio de Justicia no ha sido actualizado, pese a las reiteradas peticiones elevadas tanto por este sindicato. El resultado es que, si antes era difícil para la ciudadanía y los profesionales obtener información sobre sus asuntos, ahora el sistema se ha convertido en un auténtico laberinto, sin responsables claros ni canales eficaces de comunicación.

A ello se suma la inexistencia de formación presencial para el personal afectado por los cambios organizativos. El Ministerio retiró a las personas encargadas de impartir dicha formación y no ha designado sustitución alguna, dejando a las trabajadoras y trabajadores sin apoyo ni instrucciones claras para desempeñar sus nuevas funciones.

En el ámbito informático, la incorporación tardía de algunos técnicos auxiliares en el mes de diciembre resulta claramente insuficiente. Estos profesionales aún no han podido atender las necesidades reales de los juzgados, mientras persisten fallos en los programas informáticos que dificultan gravemente el trabajo diario.

CCOO Justicia denuncia que la implantación acelerada de esta ley responde fundamentalmente a la necesidad de justificar los fondos europeos comprometidos antes del 31 de diciembre. Fondos que, además, no solucionan los problemas estructurales de la Justicia, ya que están destinados exclusivamente a mediación y digitalización, y no a la creación de nuevos juzgados, al refuerzo de plantillas ni a la mejora real de las condiciones de trabajo.

Comisiones Obreras lleva denunciando esta situación desde el inicio de manera contundente y reiterada. El resultado de esta política es un atropello sistemático de los derechos del personal de la Administración de Justicia, que ve comprometidas sus funciones, sus condiciones laborales y, en última instancia, la seguridad jurídica que debería garantizarse mediante una definición clara y adecuada de los puestos de trabajo.

Por todo ello, CCOO Justicia exige un cambio radical de enfoque: planificación real basada en datos objetivos, creación de nuevos órganos judiciales, dotación presupuestaria suficiente, inversiones en infraestructuras, actualización inmediata de los sistemas de comunicación, formación presencial efectiva y un verdadero proceso de negociación que respete a las trabajadoras y trabajadores y garantice una Justicia eficiente y de calidad.