Incertidumbre sobre el ARU de Santa Catalina: “La pelota está en el tejado de los propietarios”, asegura la concejala de Urbanismo

Aranda de Duero

El proyecto de rehabilitación del barrio de Santa Catalina, que contempla actuaciones en cerca de 180 viviendas a través del conocido como ARU Santa Catalina, entra en una fase decisiva en este inicio de 2026. Tras meses marcados por la incertidumbre sobre los plazos de ejecución y el riesgo de perder las subvenciones europeas, el Ayuntamiento de Aranda de Duero advierte ahora de un nuevo factor determinante: el cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos necesarios para que las obras puedan comenzar en cada bloque.

Según ha explicado en Hoy por Hoy Aranda la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, para que una comunidad pueda beneficiarse de estas ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea es imprescindible que todos los propietarios formalicen dos compromisos antes de que finalice este viernes: el depósito del pago que les corresponde y la adhesión a la red de calor de REBI, requisito exigido para garantizar que el suministro energético procede de fuentes renovables como exige la UE para las viviendas que se acogen a este programa de regeneración urbana. “Tienen que firmar todos los vecinos; si no firman todos los vecinos, ese bloque no tiene subvención y, si no tiene subvención, ese bloque queda fuera”, ha señalado.

El Ayuntamiento recuerda que, en este modelo de proyecto, es la administración local la encargada de tramitar las obras, pero que solo se hará en aquellas comunidades que hayan completado íntegramente estos trámites. En este sentido, Hervás ha subrayado que el margen de maniobra es muy reducido: “Estamos fuera de tiempo y no hay capacidad de reacción; si transcurrido el viernes no conseguimos que firmen todos los propietarios, esos portales no tendrán derecho a subvención”.

La edil ha repasado también las actuaciones desarrolladas por el actual equipo de gobierno desde su llegada al Ayuntamiento hace dos años y medio, entre las que ha destacado la creación de la oficina técnica de rehabilitación, desde la que se han atendido consultas vecinales, la realización de las inspecciones técnicas de los edificios, la selección de las comunidades beneficiarias y la tramitación de ayudas para propietarios en situación de vulnerabilidad. Uno de los procesos más complejos, según ha explicado, ha sido encontrar una empresa que se hiciera cargo de las obras, después de que dos concursos públicos quedaran desiertos, algo que finalmente se ha resuelto mediante un procedimiento negociado.

La empresa adjudicataria se ha comprometido a finalizar los trabajos antes del 30 de junio de este año, cumpliendo así el plazo marcado por la administración europea para el pago de las ayudas. No obstante, este calendario obliga a iniciar las obras de forma inmediata. En este punto, el Ayuntamiento advierte de que una reducción significativa del número de bloques participantes podría afectar a la viabilidad del proyecto en su conjunto. Hervás ha explicado que la empresa ha licitado para un volumen determinado de viviendas y que una modificación sustancial de esas condiciones podría llevarla a replantearse su participación: “Si en lugar de setenta viviendas al final estamos hablando de diez o cinco, la modificación es tan importante que la empresa puede determinar que no le interesa hacer la obra, y estaría en su derecho”.

Según los últimos datos de la concejalía, correspondientes al pasado viernes, el grado de adhesión aún estaba lejos de completarse. “Estábamos por debajo del 50 % de las firmas de los contratos individuales de los vecinos”, ha indicado Hervás, aunque ha recordado que el plazo sigue abierto hasta el final de esta semana.

En este escenario, la concejala ha resumido la situación con una frase contundente: “Ahora mismo la pelota está en el tejado de los vecinos”, en referencia a que el avance del proyecto depende de que se completen los compromisos exigidos dentro del plazo establecido.

Hervás ha aclarado que, incluso en el caso de que finalmente no se ejecuten las obras de rehabilitación, las comunidades no perderían todo lo realizado hasta ahora, ya que cuentan con inspecciones técnicas y proyectos de rehabilitación que han sido financiados con fondos públicos. No obstante, ha advertido de posibles consecuencias administrativas para quienes no formalicen los compromisos adquiridos: “Se comprometieron a pagar su parte y a formalizar los acuerdos; si no lo hacen, están incumpliendo, y habrá que depurar esas responsabilidades”.

En este sentido, la concejala ha recordado que “los ciudadanos de Aranda se han gastado ya un desembolso importante en todo el dinero público destinado a este proyecto a lo largo de estos dos años y medio”, citando entre esas actuaciones la realización de las inspecciones técnicas de los edificios, la redacción de los proyectos de rehabilitación y el dimensionamiento y extensión de la red de calor hasta el barrio de Santa Catalina, unas inversiones que, según ha indicado, podrían superar ya varios cientos de miles de euros.

Estas advertencias se producen en un clima de malestar, desconcierto y enfado entre parte de los beneficiarios, que trasladan dudas sobre el alcance real de los compromisos económicos que deben asumir y sobre la certidumbre del proyecto a medio y largo plazo. El primer hito para despejar el futuro del ARU de Santa Catalina será conocer, una vez finalice esta semana, cuántas comunidades han formalizado todos los requisitos necesarios y si la empresa adjudicataria mantiene su compromiso en caso de que se reduzca el número de bloques participantes.