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Santa Catalina alza la voz: desconfianza, engaños, prisas y sentimiento de abandono del Ayuntamiento en el plan de regeneración urbana

Dos arandinos que han firmado para adentrarse en la propuesta lamentan la lejanía del consistorio y que no se haya instalado una oficina técnica que asesore al barrio

Los vecinos de Santa Catalina muestran su disconformidad con el ERRP

Los vecinos de Santa Catalina muestran su disconformidad con el ERRP

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Aranda de Duero

El Plan de Regeneración Urbana del barrio de Santa Catalina, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados en Aranda de Duero con financiación europea, atraviesa su momento más delicado. Lo que nació como una oportunidad histórica para dignificar viviendas envejecidas, mejorar la accesibilidad y evitar la degradación de una zona castigada durante décadas por el abandono institucional, se ha convertido, para muchos de sus vecinos, en un foco de incertidumbre, desconfianza y profundo malestar social.

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Los propietarios de las viviendas afectadas denuncian una gestión errática del Ayuntamiento, marcada por dos años y medio de inacción, falta de información directa y una repentina presión para que, en apenas cinco días, los vecinos firmen su adhesión y realicen importantes desembolsos económicos. Todo ello, aseguran, sin garantías claras, con condiciones cambiantes y sin el acompañamiento prometido para las familias con menos recursos.

El sentimiento compartido es claro: se sienten engañados, presionados y tratados como un barrio humilde al que se puede exigir sin escuchar. Los testimonios coinciden en una idea central: la obra es necesaria y nadie discute su importancia. Ascensores en edificios de cuatro alturas, eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación energética y mejora del entorno urbano son reivindicaciones históricas de Santa Catalina.

Sin embargo, los vecinos consideran que el Ayuntamiento ha fallado en lo esencial: estar presente, informar con claridad y asumir la responsabilidad política y social del proyecto. Denuncian que se prometió una cantidad fija inicial que posteriormente ha sido incrementada. Se aseguró que los imprevistos serían asumidos por el Ayuntamiento, algo que ahora se traslada a los propietarios. Se anunciaron oficinas de apoyo y asesoramiento, especialmente para personas vulnerables, que nunca llegaron a existir. No han visto ni a concejales ni a la responsable de Urbanismo en el barrio ni en reuniones clave.

Ramón García: “nos han mentido y nos desprecian como barrio humilde”

Ramón, uno de los primeros en firmar, lo hizo por convicción y sentido colectivo, pero su discurso está marcado por la decepción. Denuncia que el Ayuntamiento no ha iniciado ninguna obra ni actuación visible. Añade que está pidiendo dinero antes incluso de empezar, sin explicar claramente a qué da derecho. Además, considera que ha incrementado las cantidades: de 4.700 euros iniciales a más de 5.000, con riesgo de llegar a 7.000 u 8.000 euros. Pretende que los vecinos asuman humedades y deficiencias estructurales detectadas ahora, cuando antes se aseguró lo contrario.

Ramón se muestra especialmente crítico con la falta de equidad: no entiende que unos portales sí tengan ascensor y otros no, creando “barrios a dos velocidades” dentro del mismo bloque. “Todos tenemos derecho. Esto no va de si yo vivo en un bajo o en un cuarto. Va de dignidad.” Resume la situación con una frase contundente: “Ahora no hay color. Ahora es negro total.”

Juan Carlos Cornejo: “He pagado con vértigo y sin saber a qué tengo derecho”

Juan Carlos acaba de realizar el desembolso económico, pero lo hace con una mezcla de angustia, dudas y desconfianza. Señala que ha habido cambios continuos en el modelo del proyecto, prisas injustificadas tras años de parálisis, falta absoluta de información clara sobre posibles sobrecostes y ausencia total de las prometidas facilidades de pago.

Reconoce haber pagado para no perjudicar a sus vecinos, no por seguridad en el proyecto: “He puesto el dinero para no ser un estorbo. Pero no sé a qué tengo derecho ni si será definitivo.”. Le preocupa especialmente la situación de personas mayores, pensionistas o vecinos que no pueden acceder a créditos: “¿Y si a mitad de obra piden más dinero? ¿De dónde lo saca quien no tiene?”

Rojas: “Si el Ayuntamiento no asume los sobrecostes, retiro mi firma”

El tercer testimonio reafirma la coincidencia absoluta entre los vecinos: inseguridad, precipitación y abandono institucional. Este propietario recuerda que “el Ayuntamiento garantizó por escrito y verbalmente que cualquier modificación presupuestaria sería asumida por la administración y que se facilitarían créditos blandos o ayudas específicas y facilidades de pago. Nada de eso se ha materializado. Si ahora me dicen que tengo que pagar más, retiro mi firma y pido que me devuelvan el dinero. Si hay sobrecostes, que se pague con los sueldos de los concejales liberados”.

Critica duramente que el Ayuntamiento haya delegado todo en administradores de fincas, rompiendo la comunicación directa con los vecinos: “Un concejal no puede gobernar desde el despacho. Tiene que pisar el barrio. No conocemos al concejal, creo que es concejala, de urbanismo. Por aquí ni ha pisado”. Además, alerta del riesgo urbanístico y social de realizar obras parciales. “Un bloque con un portal con ascensor y dos sin él es una aberración. Somos de clase humilde, de escasos recursos pero no merecemos menos respeto ni atención”, añade.

Santa Catalina no rechaza la regeneración urbana. Todo lo contrario: la reclama desde hace años. Pero lo hace exigiendo respeto, transparencia y justicia social. Los vecinos denuncian que se les trata como ciudadanos de segunda, obligados a adelantar miles de euros sin garantías, sin ayudas reales y sin interlocución política directa.

El mensaje final es unánime: sí a la regeneración, no a las prisas, no a los engaños y no al desprecio institucional. Porque regenerar un barrio no es solo rehabilitar edificios: es escuchar a quienes viven en ellos

 

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