25 años prorrogables y un canon inicial de 1,6 millones de euros: condiciones para adjudicar el futuro puerto seco

Aranda de Duero

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha sacado a licitación la adjudicación del derecho de superficie sobre la parcela municipal de más de 42.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Prado Marina destinada a la implantación de un futuro puerto seco, bajo condiciones de largo plazo y un elevado umbral económico de entrada. El concurso plantea la cesión del uso del suelo durante 25 años prorrogables, a cambio de un canon inicial de 1,6 millones de euros (sin IVA) además de un canon anual ligado a la actividad real: cuanta más mercancía se mueva, mayor será el ingreso municipal, mientras que si no hay actividad no se genera canon anual. El sistema incluye incentivos para los operadores que alcancen mayores volúmenes de tráfico.

Una cesión de uso reversible

Como ya anunció la concejala de Urbanismo, el modelo elegido descarta la venta del suelo y opta por un derecho de superficie, de modo que el Ayuntamiento mantiene la titularidad pública de los terrenos, mientras el adjudicatario asume la obligación de construir, poner en marcha y explotar la infraestructura. Al término del plazo, las instalaciones revertirían al patrimonio municipal si no se acuerdan prórrogas, cuya posibilidad está prevista en plazos de diez años hasta el máximo legal permitido.

Requisitos exigentes, con advertencia de resolución anticipada sin indemnización

El concurso, que designa a la alcaldía como entidad adjudicadora, exige que los licitadores acrediten experiencia previa como operadores logísticos, agentes de aduanas o transitarios, con actividad en puertos, aeropuertos o zonas fronterizas, y cuenten con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA). A ello se suma la obligación de justificar solvencia económica y financiera suficiente, mediante informe de una entidad financiera, para afrontar la inversión y el pago del canon.

En materia de plazos, los pliegos fijan un calendario detallado para presentar el proyecto básico (40 días) y el proyecto de ejecución (75 días). Asimismo, la puesta en funcionamiento de la fase 1 del puerto seco deberá producirse en un plazo máximo de 180 días. Estos plazos pueden mejorarse en la oferta y puntúan en la adjudicación, pero una vez comprometidos pasan a ser obligatorios. El plazo en el que tendrá que estar en funcionamiento el puerto seco es de dos años.

El incumplimiento de los plazos esenciales, la falta de inicio o el cese de la actividad, el impago del canon o la desviación del uso autorizado podrán dar lugar, previa imposición de penalidades, a la resolución anticipada del derecho de superficie. En ese caso, cuando la causa sea imputable al adjudicatario, el suelo y las instalaciones revertirán al Ayuntamiento sin derecho a indemnización.