El Supremo confirma que el puesto del 'alcalde B' de Valladolid es ilegal

Valladolid

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declaró ilegal la creación del puesto denominado Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, al que la oposición ha definido como el “alcalde B”.

La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del alto tribunal, mediante providencia de 4 de febrero de 2026, acuerda la inadmisión del recurso municipal y cierra la vía de casación, de modo que es firme el pronunciamiento del TSJCyL que anuló el nombramiento y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que lo sustentaba.

La providencia del Supremo concluye que el Ayuntamiento no ha fundamentado de forma suficiente la concurrencia del interés casacional objetivo exigido y es contundente al señalar que "aun no habiendo jurisprudencia sobre la cuestión planteada, los términos de las normas que señala como infringidos son tan claros que no hace falta jurisprudencia que los interprete".

Además, impone las costas procesales a la parte recurrente —el Ayuntamiento— con un límite máximo de 2.000 euros, más el IVA si procediera, a favor de la parte recurrida personada y opuesta a la admisión.

La sentencia recurrida —sentencia nº 1493/2024, de 12 de diciembre, del TSJCyL, sede Valladolid— ya había declarado ilegal la creación de este órgano directivo por haber sido incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo sin que previamente el Pleno modificara el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento para introducirlo en la organización municipal. La plaza fue creada por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de 21 de agosto de 2023, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de septiembre de 2023.

"Es una cacicada del alcalde"

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista ha asegurado que la creación del `alcalde B´ es una "cacicada del alcalde" que "sólo responde a su interés particular" que, según los socialistas, es el de "dotarse de una persona de su confianza para cubrir su ausencia mientras está en el Senado".

El portavoz, Pedro Herrero, ha recordado que "además de ser ilegal, este puesto tiene un coste muy elevado para las arcas públicas: 627.048 euros a lo largo del mandato, esto es, 156.762 euros anuales".

Los socialistas han apuntado también que, "pese al coste que implica esta figura", el alcalde Carnero "se ha negado reiteradamente a rendir cuentas sobre la utilidad real" del cargo.

Hay que recordar que, sigue judicializado —y pendiente de resolución— el veto del alcalde a que el Grupo Municipal Socialista pudiera presentar mociones para llevar este asunto al Pleno.

Hay que tener en cuenta que el gobierno municipal de PP y Vox aprobó una modificación del Reglamento Orgánico para legalizar la plaza que, tal y como concluye el comunicado, los tribunales han declarado que se creó "al margen de la legalidad". La inadmisión por parte del Supremo, han insistido, confirma que el problema "no era un tecnicismo", si no "una ilegalidad de origen" porque la plaza se creó como una decisión "discrecional y partidista", y ahora "queda definitivamente avalado por los tribunales que aquella decisión fue contraria a derecho".

La plaza se adjudicó dentro de un proceso público pero se da la circunstancia de que la mayor puntuación la consiguió Indalecio Escudero, un estrecho colaborador del alcalde Jesús Julio Carnero al que ha acompañado como persona de confianza en las diferentes responsabilidades políticas que ha ejercido el actual regidor vallisoletano.