Una cadena de errores administrativos multiplica por tres el coste de un despido improcedente en Servicios Sociales
La Gerencia Territorial optó por la readmisión de una empleada pese a que la indemnización era mucho menor, lo que ha generado un gasto final que supera los 56.000 euros
Mazo, libros y balanza, símbolos de la justicia / krisanapong detraphiphat
Palencia
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León afronta un sobrecoste notable tras una sucesión de decisiones administrativas que han incrementado de forma considerable el importe derivado del despido improcedente de una trabajadora.
Todo comenzó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada el 15 de octubre de 2024, que estimó el recurso de la empleada, representada por la abogada Amaya Rodríguez de AFYSE Abogados, declarando improcedente la extinción de su contrato, obligando a la Administración a elegir entre readmitirla o abonar una indemnización de 19.248,08 euros.
La gerencia optó por la readmisión
La trabajadora había sido despedida el 10 de septiembre de 2023, con un salario diario de 70,70 euros y antigüedad desde julio de 2015. A pesar de que la opción menos costosa era pagar la indemnización, la Gerencia optó por la readmisión, lo que implicó el abono de salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la reincorporación efectiva. La empleada volvió a su puesto el 30 de octubre de 2024, tras 428 días de espera, lo que generó un total de 30.259,60 euros en salarios de tramitación.
El pago no se realizó de forma voluntaria, por lo que fue necesaria la ejecución de la sentencia, que añadió intereses y costas por 1.722,75 euros. Una vez reincorporada, la trabajadora —que ya había sido reconocida como indefinida no fija por el TSJ— fue contratada nuevamente como temporal y despedida otra vez el 8 de febrero de 2025, lo que dio lugar a un nuevo procedimiento judicial.
De pagar 19.000 a 56.000 €
En septiembre de 2025, el Juzgado de lo Social volvió a declarar improcedente el despido, elevando esta vez la indemnización a 22.553,30 euros. La falta de pago ha obligado de nuevo a iniciar la ejecución de la sentencia, lo que generará nuevos intereses y costas, estimados en torno a 2.000 euros adicionales.
Según los cálculos recogidos en la documentación a la que ha accedido esta emisora, la administración podría haber resuelto el conflicto en 2024 con el abono de los 19.248,08 euros fijados en la primera resolución. Sin embargo, las decisiones adoptadas han elevado el coste total a una cifra aproximada de 56.535 euros, sin incluir los intereses finales derivados de la ejecución actualmente en curso.
