Suspendido en Valladolid el juicio de esclavitud sexual para localizar en Alemania a dos testigos protegidos

Valladolid

El juicio que se iba a iniciar este miércoles en Valladolid contra cuatro personas acusadas dirigir una red de esclavitud sexual de mujeres en pisos convertidos en prostíbulos en distintas localidades de España ha tenido que ser suspendido para realizar los trámites judiciales necesarios a fin de localizar en Alemania a dos testigos protegidos, supuestas víctimas, cuyo testimonio consideran clave las defensas para evitar así la vulneración de derechos de sus clientes.

La suspensión de la vista acordada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se ha producido casi una hora después del inicio de la misma, cuando en el trámite de cuestiones previas los defensores de los ocupantes del banquillo han solicitado tal medida ante la incomparecencia de estas dos mujeres, cuyo testimonio en sala entienden clave para que sus clientes no vean conculcado el derecho de contradicción, y ello con la oposición del fiscal del caso, quien entiende que en su día ambas testigos ya declararon en fase de instrucción a presencia de los letrados de los encausados.

Aunque el acusador público ha propuesto que el testimonio de ambas víctimas fuera ahora reproducido en el juicio como prueba preconstituida, al igual de lo que ya ocurre en otros muchos casos y es plenamente admitido por el Tribunal Supremo, el tribunal sentenciador, en una decisión recogida por Europa Press, ha resuelto suspender el juicio tras advertir de que no se habían agotado aún todas las posibilidades para lograr el testimonio de estas dos mujeres, actualmente en Alemania, de ahí que será necesario constituir una comisión rogatoria para su localización y que puedan testificar, si fuera necesario por videoconferencia desde aquel país.

Con independencia de dicha suspensión y nuevo emplazamiento de la vista para los días 15, 16 y 17 de junio, la defensa de la principal inculpada, la colombiana Kelly J.O, alias 'Andrea" y 'Carly', también en el trámite de cuestiones previas, ha trasladado al tribunal su petición de nulidad de todo lo actuado por vulneración de derechos constitucionales de su clienta--la ha presentado como una autónoma que percibe 4.500 euros al año--, fundamentalmente con respecto a la entrada y registro en su vivienda, el 'pinchazo' de sus teléfonos móviles y el volcado y transcripción de su contenido.

El fruto del árbol envenenado

Y es que el defensor sostiene que todas estas actuaciones no están justificadas y se efectuaron sin las mínimas garantías legales, como el citado volcado de la información obtenida en los teléfonos móviles, "sin respetar la cadena de custodia", al tiempo que ha denunciado que los policías que intervinieron llenaron los atestados de meras "valoraciones" que presentaban ya a Kelly como culpable ante el juez de instrucción.

Tal circunstancia, a su juicio, sería suficiente para decretar nulidad de actuaciones en aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, aunque todas estas alegaciones, como así ha advertido el magistrado presidente de sala, se resolverán en ejecución de sentencia y no con carácter previo.

Los ocupantes del banquillo, al que volverán en junio, se enfrentan a un total de 63 años de prisión como presuntos integrantes de una organización criminal a los que acusa de traer engañadas a España a mujeres de nacionalidad extranjera, fundamentalmente de Venezuela y Colombia, a las que habrían convertido en esclavas sexuales tras privarlas de su pasaporte y trasladarlas a pisos de distintas localidades del país, entre ellas la capital del Pisuerga, donde ejercieron la prostitución bajo un férreo control.

Los acusados son la principal inculpada y supuesta cabecilla, Kelly J.O, alias 'Andrea' y 'Carly', quien se expone a una posible condena de 27 años de cárcel; Esneider D.A.B, al que la acusación pública solicita 18 años, y Luis Ángel S, hijo de la primera, y Janner D.M, compañero sentimental del anterior, a los que se pide una condena de nueve años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita también que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de las tres mujeres perjudicadas con un total de 880.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se les acusa, en distinto grado de participación, de delitos de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual en concurso medial con delitos de prostitución coactiva, así como de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y de otro de pertenencia a grupo criminal.

En su escrito de calificación, Fiscalía de Valladolid sostiene que las cuatro personas encausadas, a la cabeza la colombiana Kelly J.O, constituían un entramado criminal que desde marzo de 2022 hasta finales de diciembre de 2023 se dedicó a la captación, en Venezuela y Colombia, de mujeres jóvenes con graves problemas económicos, personales y familiares, al objeto de facilitarles la llegada a territorio español donde serían explotadas con fines sexuales en diversas viviendas habilitadas en distintos puntos de la geografía española.

Las víctimas recibían la oferta de venir a España con la promesa de ganar mucho dinero bajo, aunque sin conocer en realidad cuál sería la actividad real a la que iban a ser forzadas y después de que fueran aleccionadas para que ante las autoridades aduaneras explicaran que su llegada era en la condición de turistas.

Una vez en España, a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas (Adolfo Suárez), las jóvenes eran privadas de su pasaporte y trasladadas a los domicilios alquilados en distintos puntos de la geografía nacional, donde eran advertidas de que habían contraído una deuda de entre 5.500 y 6.500 euros que estaban obligadas a devolver a través de sus servicios sexuales, para una vez abonadas dichas cantidades continuar trabajando para la organización, repartiéndose desde entonces los beneficios al 50 por ciento.

Aunque el importe total de los servicios, hasta saldar la deuda, iban a parar al bolsillo de la 'madama', las víctimas tenían también que pagar los gastos derivados por la renovación de los anuncios de sus servicios en Internet, entre 80 y 100 euros semanales, así como por las habitaciones que ocupaban, a razón de entre 200 y 300 euros a la semana, y otros 50 por semana que adelantaba cada joven por su manutención.

Antes de su llegada a España, la supuesta cabecilla de la banda se aseguraba de que las mujeres captadas reunían las características necesarias para el ejercicio de la prostitución, y a tal efecto les solicitaba fotografías e incluso les daba consejos sobre su sobrepeso y para mejorar su imagen, ya que algunas de ellas pensaban que iban a venir para trabajar en 'modelaje' o trabajar en páginas web para adultos pero sin la prestación de servicios personales.

En su relato de hechos, la acusación pública mantiene que la principal acusada hacía entrever que trabajaba para terceras personas, con la finalidad de llevar la incertidumbre y el miedo a las víctimas, a las que hacía creer que sus jefes podrían atentar incluso contra su vida en el supuesto de que no se mostraran sumisas y generaran problemas.

Pero además, la organización imponían muy duras condiciones laborales a estas mujeres, que cobraban una media por servicio de entre 50 y 100 euros, en función de la duración del servicio, y tenían que estar disponibles las 24 horas del día, sin que pudieran incluso bañarse en ocasiones entre cliente y cliente, cuando se acumulaba el trabajo, y pese a que pudieran encontrarse con la regla.