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María Pardo defiende la legalidad en la adjudicación del chalé de protección oficial a la concejal del PP en Palencia

La directora general de Vivienda afirma que, al tratarse de una promoción privada sobre suelo público, “no era necesario un sorteo”

VALLADOLID, 01/03/2026.- La candidata popular por Valladolid, María Pardo, interviene en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León celebrado este domingo en Valladolid, al que ha asistido Isabel Díaz Ayuso. EFE/R. García / R. García (EFE)

VALLADOLID, 01/03/2026.- La candidata popular por Valladolid, María Pardo, interviene en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León celebrado este domingo en Valladolid, al que ha asistido Isabel Díaz Ayuso. EFE/R. García

Palencia

La directora general de Vivienda de Castilla y León, María Pardo, ha salido al paso de la polémica generada tras conocerse que la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, adquirió una vivienda de protección oficial perteneciente a una promoción privada construida sobre suelo municipal.

Pardo ha defendido que la adjudicación “cumple la legalidad vigente”, subrayando que, en promociones de VPO gestionadas por un promotor privado, no se exige el procedimiento de sorteo que sí es obligatorio en las promociones públicas. Según sus palabras, “cuando las viviendas son de carácter público, pero de promoción privada, no requieren un procedimiento que exija un sorteo”, rechazando así las acusaciones de irregularidad vertidas por distintos grupos políticos.

La directora general remarcó que esta interpretación normativa no cambia en función de quién resulte beneficiario y lamentó que se intente presentar el caso como una irregularidad únicamente porque la adjudicataria es una representante del Partido Popular. “Da igual quién sea la adjudicataria. No puede ser que, por el hecho de ser concejal del PP, todo se dé por sospechoso”, afirmó.

Pardo fue más allá al denunciar lo que considera una maniobra política para desviar el foco mediático hacia este caso. Señaló que las críticas surgen justo después de que hayan trascendido informaciones sobre “problemas de contratación” relacionados con un alcalde —de otro signo político— que lleva 18 años en el cargo, insinuando que la polémica sobre la vivienda protegida se utiliza como “cortina de humo”.

Asimismo, subrayó que los responsables públicos tienen derecho, como cualquier ciudadano, a acceder a una vivienda protegida si cumplen los requisitos exigidos, y alertó del riesgo de establecer un “doble rasero” en función del color político del solicitante. “Lo que no puede ser es que quienes asumen responsabilidades públicas no puedan acceder a algo que es perfectamente legal”, declaró

La Junta insiste en que el procedimiento seguido en esta promoción privada se ajusta a la normativa y rechaza que exista trato de favor. No obstante, la polémica continúa abierta y la oposición mantiene sus peticiones de aclaración, mientras la adjudicación de la vivienda a la edil popular sigue generando debate público en Palencia y en el conjunto de Castilla y León.

 

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