El Consejo de Ministros autoriza la inversión de 42 millones para la Ciudad de la Justicia de Valladolid
El proyecto ha estado en los planes del Ayuntamiento y del Ministerio de Justicia desde hace 15 años
Valladolid
El Consejo de Ministros ha dado autorización este martes para la celebración de un contrato de obras para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, lo que supone un paso previo al inicio de los trámites de licitación, con un presupuesto previsto de 42.070.605,02 euros.
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Así lo recoge la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes, en el que, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se autoriza, de manera previa a la celebración del contrato, el gasto para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, con esa previsión de algo más de 42 millones de euros.
Con este trámite, se podrá ya iniciar el expediente para sacar a licitación las obras de ejecución.
El proyecto, que se ubicará en el entorno del antiguo inmueble del colegio El Salvador, en la plaza de San Pablo, implicará la construcción en su lugar de un nuevo edificio para acoger la sede judicial unificada, que debería estar concluida en 2029.
Se inaugurará en 2029
Las previsiones señaladas por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, en una reunión que mantuvieron en noviembre en Valladolid, son que el proceso de licitación se lleve a cabo a lo largo de este año 2026, cuando comenzarían también las obras, mientras que los plazos de ejecución están previstos para que el edificio entre en funcionamiento "completamente en 2029".
El edificio tendrá 22.000 metros cuadrados de instalaciones y en noviembre se mencionó que la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar la inversión será de 43,7 millones de euros.
El proyecto del nuevo edificio contempla un diseño que se relacionará "en un diálogo histórico" con el entorno de la plaza de San Pablo, donde se encuentran la iglesia del mismo nombre, el Palacio de Pimentel y el Palacio Real, lo que considera que "ocupa un lugar importante en el corazón de todos los vallisoletanos".
Moderna y accesible
Diseñado por el estudio arquitectónico Primitivo González, contempla en sus simulaciones un edificio de cuatro plantas en altura, con frentes a la plaza de San Pablo, San Quirce y a una nueva plaza que se abrirá hacia la calle cardenal Torquemada y el recinto del edificio de consultas externas del Hospital Clínico -antiguo Río Hortega-.
Se levantará sobre una superficie construida inicial de 22.312,94 metros cuadrados y posibilidad de ampliación futura de 11.433,51 metros cuadrados adicionales. El diseño, según el Ministerio, "responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad y funcionalidad, incorporando el modelo de Tribunales de Instancia para optimizar espacios y mejorar la atención al ciudadano".
El complejo albergará 15 plazas judiciales de la Sección Civil; cinco plazas judiciales de la Sección de lo Social; dos plazas judiciales de la Sección de lo Mercantil; cuatro plazas judiciales de la Sección de lo Contencioso-Administrativo; una plaza judicial de la Sección de Menores; la Fiscalía Provincial y la Fiscalía de Menores; el Registro Civil; el Servicio Común General; el Servicio Común de Ejecución y el Servicio Común de Tramitación; el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; un salón de actos para macrojuicios; sala de lactancia y 68 plazas de aparcamiento.
De esta manera, se avanza en un proyecto que ha estado en los planes del Ayuntamiento de la ciudad y del Ministerio de Justicia desde hace 15 años y que ha pasado por varias posibles ubicaciones -el exalcalde León de la Riva y el PP planteaban instalarlo junto al barrio de Girón- y un prolongado proceso para que el Consistorio obtuviera los terrenos de El Salvador y de parte del antiguo hospital Del Río Hortega, para cederlos al Ministerio de Justicia.
La actuación permitirá ofrecer instalaciones modernas, accesibles y dotadas de los servicios necesarios para una Justicia del siglo XXI y una mejora en eficiencia de la gestión al eliminar alquileres y reducir costes estructurales, con un ahorro anual estimado por el Ministerio en 1,2 millones de euros.
