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La Guardia Civil investiga en León a una persona por presunta falsedad documental al realizar transporte escolar sin autorización

Furgoneta utilizada por la persona investigada para desplazar a los alumnos

Furgoneta utilizada por la persona investigada para desplazar a los alumnos

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León

La Guardia Civil investiga en la provincia de León a una persona como presunta autora de un delito de falsedad documental tras detectar que realizaba transporte escolar sin contar con la autorización correspondiente y utilizando una placa de matrícula propia de vehículos taxi.

La actuación tuvo lugar el pasado mes de enero durante una campaña especial de control del transporte escolar llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico. En el marco de estas labores de vigilancia, agentes del Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga detectaron un vehículo que estaba realizando un servicio regular de transporte escolar con dos menores a bordo.

Tras solicitar la documentación al conductor, los agentes comprobaron que el vehículo carecía de la autorización de transporte necesaria para operar como taxi. Además, habían sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera por una placa especial de fondo azul con caracteres blancos, utilizada por vehículos dedicados al transporte público de viajeros o alquiler con conductor.

Ante la posible comisión de un delito, los hechos fueron comunicados al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar como responsable a la administradora única y propietaria de la empresa de transportes titular del vehículo, a la que se le atribuye un presunto delito de falsedad documental.

Además, los agentes formularon dos denuncias por infracciones al Reglamento de Transportes: una por carecer de la autorización específica para realizar transporte escolar, sancionada con 2.001 euros, y otra por no disponer del título habilitante para realizar transporte regular de escolares, con una sanción de 4.001 euros.

El delito de falsedad en documento público está recogido en el artículo 392 del Código Penal y puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

 

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