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Un portavoz de los vecinos del ARU de Santa Catalina denuncia falta de transparencia del Ayuntamiento

Alberto Cermeño pide a los presidentes de las comunidades vecinales “no salirse del proyecto inicial y contratar con la Red de calor calefacción colectiva” y rechazan que desde urbanismo les señalen que “para lo que pagáis mirad lo que se os está haciendo”

Proyecto de los bloques de Santa Catalina

Proyecto de los bloques de Santa Catalina / Imagen facilitada

Proyecto de los bloques de Santa Catalina

Aranda de Duero

La implantación de la red de calor en el proyecto de rehabilitación del ARU de Santa Catalina se ha convertido en el principal foco de conflicto entre vecinos y administración. Y no porque la empresa de la Red de Calor no se abra a todas las posibilidades y no haya demostrado estar dispuesta a adaptarse a todas las circunstancias. Los propietarios aceptan este sistema energético como condición necesaria para acceder a las ayudas europeas, pero piden más información en relación a las condiciones económicas asociadas a los contratos.

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El portavoz vecinal, Alberto Cermeño, insiste en que el problema no es el modelo energético ni la Red de Calor en sí, sino la forma en la que la concejalía de urbanismo está gestionando su implantación. “Nosotros sí que estamos de acuerdo en conectarnos para cumplir, porque es un requisito indispensable para la subvención. No nos estamos negando a firmar. Es que faltan muchas cifras en estos contratos y lo único que pedimos son aclaraciones. No es tan difícil de entender”, dice.

Uno de los principales puntos de fricción es la diferencia entre lo contemplado en el proyecto inicial (una calefacción centralizada), y las nuevas opciones planteadas posteriormente, como la individualización del consumo energético realizada a petición de los vecinos hace meses. Esta alternativa permitiría evitar problemas de morosidad dentro de las comunidades, pero conlleva un importante sobrecoste que precisan valorar sin presiones desde la concejalía de urbanismo. “Nosotros hemos solicitado la individualización por un tema de morosidad… pero nos dicen que ese coste adicional son 29.000 euros, que supone 2.900 euros de incremento por vecino. No se puede decidir bajo presión de que o firmamos o no seguirá la obra o que nos van a cobrar los costes de haber llevado allí la Red de Calor que es lo que nos dice el equipo de gobierno. Esto no se hace así”, asevera.

La propuesta fue rechazada por la mayoría de los propietarios, que optaron por mantenerse en el planteamiento original asegura Alberto Cermeño. Sin embargo, en ese punto entra en juego una nueva alternativa ofrecida por la empresa vinculada a la red de calor para volver a dar una solución ante un problema: asumir ese sobrecoste a cambio de la cesión de los denominados Certificados de Ahorro Energético (CAE). La duda, según Cermeño, es que estos certificados no han sido valorados económicamente, lo que impide a los vecinos tomar una decisión informada: “¿Cómo vamos a ceder algo que no está valorado? No sabemos si te damos 8.000, 10.000 o 3.000 euros. Está solicitada una reunión desde el jueves con todas las partes, pero no parecen tener mucha prisa en este equipo de gobierno porque no ha respondido. Una reunión en la que todo se aclare y de la que saldrá una decisión firme si se cita a la empresa de la Red de Calor, están los responsables de urbanismo como parte que debe canalizar todo y lo propietarios”, define.

Esta incertidumbre ha generado un creciente rechazo entre los propietarios, que consideran arriesgado firmar un acuerdo sin conocer el valor real de lo que están cediendo. Además, denuncian que la información proporcionada hasta ahora ha sido insuficiente o poco clara desde la concejalía de urbanismo.

Una gestión atropellada

A esta situación se suma la sensación de urgencia trasladada por parte del Ayuntamiento y otros agentes implicados que ha llevado a una gestión atropellada y precipitada. Según el portavoz vecinal, existe una presión constante para formalizar los contratos en plazos muy ajustados. “Ellos tienen mucha prisa en que hagamos las aportaciones económicas y en que firmemos los contratos. Y nosotros en tener toda la información. Es una presión que no se corresponde con el nivel de información disponible. Nos están presionando para que firmemos eso, pero ¿cómo nos podéis obligar a firmar algo sin cifras ni resolver dudas?”, se cuestiona.

Ante este escenario, Cermeño plantea una postura clara para los vecinos: ceñirse estrictamente a lo recogido en el proyecto inicial y evitar compromisos adicionales hasta disponer de toda la información necesario. “Yo recomiendo a todos los propietarios ceñirse al presupuesto de adjudicación, que es centralizada, porque de esa manera nosotros nos quedamos con nuestros CAE y, después, sin estas precipitaciones ni presiones, poder hablar directamente con la red de calor para que ambas partes tomemos la mejor decisión”, expresa.

Un problema de fondo: la falta de transparencia

El conflicto evidencia, según los vecinos, un problema de fondo en la gestión del proyecto: la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Aranda en un aspecto clave como es el sistema energético que condiciona tanto el acceso a las ayudas, como los costes futuros para los residentes. Pese a todo, los propietarios insisten en que su intención no es bloquear el proyecto, sino garantizar que se desarrolle con garantías y con pleno conocimiento de las condiciones que están asumiendo y conscientes de que la empresa que gestiona la Red de Calor está dando facilidades tanto al Ayuntamiento para haber acelerado todos los plazos posibles para llevar esta instalación hasta la zona del Aru de Santa Catalina, así como para adaptarse al perfil de contrato que mejor se adapte a las necesidades de los vecinos. Una reunión convocada por la concejalía de urbanismo “desbloquearía todo” en opinión de Alberto Cermeño.

Denuncian sobrecostes, presiones y mala gestión del proyecto

El proyecto de rehabilitación del ARU de Santa Catalina, concebido como una actuación clave para la mejora del barrio, atraviesa un momento de fuerte tensión entre vecinos y administración. A pesar de que el planteamiento inicial contaba con el respaldo generalizado de los propietarios, la ejecución está generando un creciente malestar por el incremento de costes, la falta de información y las formas en la gestión.

El portavoz vecinal, Alberto Cermeño, no cuestiona la calidad técnica del proyecto, pero sí su desarrollo. “El proyecto que venía del anterior equipo de gobierno era impecable. Y los actuales gestiones han hecho una copia exacta del mismo… Es un proyecto precioso, pero la gestión presenta muchas lagunas. Hay un montón de incidencias que la dirección facultativa y la técnica del ayuntamiento no están llevando porque están ocurriendo muchas incidencias y no están haciendo nada”, lamenta.

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado es el aumento de la aportación económica exigida a los propietarios. Según explica Cermeño, la cantidad ha crecido de forma significativa respecto a lo planteado en un inicio. “De los 3.000 euros iniciales que teníamos que aportar se han quedado en 4.700. Este incremento obedece a una redistribución de las partidas económicas dentro del proyecto, que habría terminado repercutiendo en los vecinos. Determinadas ayudas previstas, como las destinadas a personas vulnerables o ciertos costes de gestión, nos las están imputando a nosotros y no tiene sentido”, refleja.

Alberto Cermeño afirma en la SER que “la administración debería haber realizado un mayor esfuerzo pedagógico y de acompañamiento". "Deberían haber puesto más énfasis en poder gestionarlo de mejor manera y que la gente entendiera bien lo que se está haciendo. Es indigno que no digan que para lo que pagamos mirad lo que se os está haciendo sin valorar el esfuerzo de estas familias de recursos humildes. O que nos reprochen que los vecinos nos reunamos sin consentimiento de urbanismo”, sentencia.

 

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