El ex funcionario municipal Andrés García mueve ficha contra la recalificación urbanística para la construcción de Recoletas

Aranda de Duero

A las advertencias del grupo municipal Podemos-IU de que votarán en contra de la recalificación de terrenos para facilitar la construcción de la clínica privada Hospital Recoletas, se suma una iniciativa del presidente de la Asociación El Observatorio Municipal, Andrés García Arranz, que ha solicitado la suspensión cautelar de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana vinculada a la ampliación de suelo urbano en el entorno del paseo Virgen de las Viñas.

La petición del que fuera funcionario de la oficina de Medio Ambiente hasta su jubilación se dirige al Ayuntamiento tras el dictamen favorable adoptado este jueves en la comisión de Urbanismo, con el único voto en contra de la coalición de izquierdas, para llevar esta modificación a pleno, dentro del expediente promovido por la entidad Residencial Nuestra Señora de las Viñas S.L.

Se basa en la posible anulación del PGOU

García fundamenta su solicitud en la existencia de un procedimiento judicial abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos que analiza la posible anulación del PGOU aprobado en 2023. Según señala, el recurso se encuentra en fase de votación y fallo, por lo que la sentencia sería inminente.

En este contexto, considera que continuar con la tramitación urbanística supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que la modificación depende de un plan general cuya validez está pendiente de resolución judicial. Por ello, plantea que se suspenda el procedimiento por prejudicialidad administrativa hasta que exista una sentencia firme.

Entre las alegaciones presentadas, el Observatorio Municipal cuestiona la reclasificación del suelo prevista en el proyecto, al entender que se produce un salto desde suelo rústico a urbano consolidado sin cumplir los requisitos legales. A su juicio, esta operación permitiría a los promotores eludir obligaciones urbanísticas como la cesión de suelo o parte del aprovechamiento al Ayuntamiento, lo que supondría un perjuicio económico para las arcas públicas.

Pone en duda el interés general

Asimismo, pone en duda la existencia de un interés general que justifique la modificación y advierte de que podría tratarse de una actuación diseñada para beneficiar a entidades privadas concretas. También señala la falta de un estudio de sostenibilidad económica suficiente que determine quién asumirá los costes derivados de nuevas infraestructuras o servicios.

El escrito alerta además del riesgo de que, si el Tribunal Superior de Justicia anula el PGOU, la modificación puntual quede sin soporte legal, generando una posible nulidad en cascada de los actos administrativos derivados.

Por último, el Observatorio Municipal advierte de posibles responsabilidades jurídicas para la administración en caso de continuar con la tramitación en estas circunstancias, y no descarta acudir a la vía judicial para solicitar medidas cautelares que paralicen el procedimiento.