Intentan frenar el proyecto del mayor parque solar de Castilla y León: 900 hectáreas en un pueblo de 400 habitantes

Valladolid

La proliferación de megaproyectos de energías renovables en zonas rurales, en lo que un día fueron tierras de cultivo, sigue generando polémicas. La Comisión Territorial de Urbanismo, órgano que depende de la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar el miércoles 25 de marzo, a propuesta de los servicios técnicos del gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Villalba de los Alcores, el proyecto Navabuena Solar, considerado el parque solar fotovoltaico más grande de Castilla y León y uno de los diez mayores de España.

Es lo que denuncia el colectivos SOS Montes Torozos sobre una iniciativa que contempla la ocupación de más de 900 hectáreas, superficie que representa casi el 10% del término municipal y aproximadamente el 20% de la superficie de cultivo de Villalba de los Alcores. Se trata, según argumentan, de una instalación de impacto territorial y socioeconómico "sin precedentes en la comarca2.

Dudas sobre el cumplimiento de la normativa

Este colectivo ha presentado varias alegaciones que se apoyan en "diversos análisis técnicos" que apuntan a "serias dudas" sobre el cumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental vigente. En particular, señalan que la propuesta no respeta las Normas Subsidiarias de Villalba de los Alcores al vulnerar "varios artículos de la normativa municipal".

Y así, sostiene que "a pesar de ello" la CTU ha impulsado la tramitación "sin incorporar ni valorar adecuadamente" los escritos y alegaciones presentados por la asociación que ha advertido reiteradamente de las "posibles irregularidades" y del impacto "irreversible" sobre el territorio.

Entre los argumentos que aportan destaca que la magnitud del proyecto —que supone la transformación de más de 900 hectáreas en suelo industrial— impide, "según los criterios urbanísticos habituales", considerarlo como una Autorización de Uso de carácter Excepcional.

Por su escala, los expertos urbanísticos que han consultado afirman que debería haberse tramitado una modificación del planeamiento urbanístico municipal, así como la elaboración de un Plan Especial previo a la autorización de una instalación de estas dimensiones.

Asimismo advierten de que el proyecto "no garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental" especialmente en lo relativo a la protección de hábitats, fauna y recursos naturales. La superficie afectada incluye zonas de alto valor ecológico y áreas de campeo de especies protegidas. La instalación -de llevarse a cabo en su diseño propuesto- puede llevar a la "fragmentación" de corredores ecológicos, lo que según este colectivo vulnera principios básicos de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

También han identificado "posibles afecciones" a aves esteparias, incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León. La magnitud del vallado perimetral puede también tener consecuencias en la movilidad de la fauna silvestre.

Transformación masiva del suelo rústico

La conversión de más de 900 hectáreas en un uso industrial supone una alteración "irreversible del suelo agrícola", algo que dicen en SOS Montes Torozos es "incompatible con los objetivos de conservación del territorio".

La instalación generaría un "impacto paisajístico severo", especialmente en un municipio con valores culturales y naturales asociados a los Montes Torozos.