Contradicciones y silencio en el Ayuntamiento ante el conflicto de las alegaciones a la RPT
Las versiones contradictorias entre concejales y la falta de información sobre los recursos presentados aumentan la incertidumbre entre la plantilla
Varios empleados de Servicios Sociales manifestaron su descontento hace meses en el pleno / Vicente Herrero
Aranda de Duero
La gestión de las alegaciones presentadas por trabajadores municipales contra la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Aranda no solo evidencia falta de respuesta, sino también una preocupante descoordinación dentro del propio equipo de gobierno. Las declaraciones ofrecidas en los últimos días por distintos concejales no hacen sino agravar esa sensación.
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Mientras la edil de Personal, Belén Esteban, aseguraba en comisión que “no las he visto y no tengo nada que decir sobre el tema”, el concejal de Servicios Sociales, Andrés Gonzalo, reconocía que sí tenía constancia de los recursos, aunque sin ofrecer información concreta. “Creo que se estarán resolviendo… supongo”, señalaba. Dos versiones incompatibles sobre un asunto clave que afecta directamente a decenas de trabajadores municipales.
El silencio de la responsable de Personal , que tampoco atendió a la información solicitada por la SER, contrasta con la magnitud del problema. Según ha podido saber esta emisora, más de treinta alegaciones han sido registradas desde distintos departamentos, con especial incidencia en Servicios Sociales, uno de los colectivos más críticos con la nueva RPT desde su aprobación.
Malestar de Servicios Sociales
No es una polémica nueva. Ya en diciembre, los profesionales del área denunciaban públicamente que el documento les relegaba, pasando “de esenciales a invisibles”. Un malestar que se intensificó tras reuniones con responsables municipales en las que, según se expuso incluso en el Pleno por parte de una trabajadora social, se les trasladó que “no sois trabajadores esenciales y vuestro sueldo lo paga la Junta de Castilla y León”. Unas declaraciones que se interpretaron como una falta de respeto a su labor.
La contradicción alcanza también al propio concejal de Servicios Sociales. Andrés Gonzalo votó a favor de la RPT, pero posteriormente admitió no compartirla en su totalidad, defendiendo que se trataba de un “documento vivo” abierto a cambios. Sin embargo, la realidad administrativa apunta en la dirección contraria: lejos de revisarse, las alegaciones están siendo ignoradas.
Y es que el Ayuntamiento ha optado, en la práctica, por dejar que los plazos corran. Para los recursos presentados antes del 23 de febrero, el silencio administrativo ya actúa como respuesta, lo que equivale a su desestimación. En apenas dos días, se sabrá si la respuesta con el resto vuelve a ser la callada. Una forma de gestión que evita dar explicaciones y traslada el conflicto directamente a los tribunales.
La vía contencioso-administrativa como alternativa
Los trabajadores afectados se ven ahora abocados a acudir a la vía contencioso-administrativa, con un plazo de seis meses para hacerlo en caso de silencio y de dos meses si se desestima. Un escenario que no solo prolonga el conflicto, sino que evidencia la falta de voluntad política desde Sentir Aranda para abordar un problema que un concejal del equipo de gobierno reconoce, pero no resuelve.
Lejos de ser un “documento vivo”, como se defendió en su momento, la RPT se ha convertido en un foco de conflicto enquistado, marcado por decisiones cuestionadas, críticas internas y una gestión que combina desconocimiento, contradicciones, silencio y opacidad.