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El Comité de Sanidad y Familia de Burgos alerta del deterioro en la calidad asistencial

Denuncian la pérdida de 33 plazas para usuarios en el Centro Asistencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual

Concentración del Comité de Sanidad y Familia de Burgos frente a la Gerencia de Servicios Sociales

Concentración del Comité de Sanidad y Familia de Burgos frente a la Gerencia de Servicios Sociales

Concentración del Comité de Sanidad y Familia de Burgos frente a la Gerencia de Servicios Sociales

Trabajadores del ámbito de Sanidad y Familia se han concentrado por segunda vez en menos de 15 días frente a la Gerencia de Servicios Sociales para denunciar recortes en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CRAPDI) de Fuentes Blancas.

Según ha explicado la presidenta del Comité de Sanidad y Familia de Burgos, Ana María Marañón, las protestas responden a los cambios realizados en este centro público tras la implantación de un nuevo modelo residencial vinculado al plan 'Como en casa'.

Entre las principales denuncias, Marañón ha destacado la pérdida de 33 plazas para usuarios en una ciudad del tamaño de Burgos, lo que considera especialmente grave al tratarse del único centro público destinado a personas con discapacidad. Además, ha criticado la falta de personal, con siete puestos de trabajo sin cubrir (tres técnicos de atención directa, tres de personal de servicios y un educador especializado).

La presidenta del Comité ha asegurado que esta situación está provocando dificultades para garantizar una atención adecuada a los usuarios. "No salen las cuentas y no se puede atender como es debido", ha señalado.

Por otro lado, ha denunciado también la falta de diálogo con la administración. Aunque han solicitado una reunión con los responsables autonómicos, ha afirmado no haber recibido respuesta y ha criticado que se les remita a instancias locales, cuando las decisiones dependen de Valladolid.

Desde el Comité consideran que estas decisiones no responden a criterios asistenciales ni a la mejora del servicio público, sino a una política de reducción de recursos que impacta directamente en "uno de los colectivos más vulnerables". Por ello, piden a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que expliquen públicamente los motivos de estas decisiones y asuman su responsabilidad ante las consecuencias que pueda tener para los usuarios, familias y trabajadores.

 

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