Trabajadores de Servicios Sociales de Aranda denuncian “agravio comparativo” tras el silencio del Ayuntamiento sobre la RPT

Aranda de Duero

Los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero han hecho público este viernes un comunicado en el que expresan su “profundo malestar” tras no haber recibido respuesta a los recursos presentados contra la valoración de sus puestos en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según explican en la nota de prensa, el plazo legal para que el Ayuntamiento resolviera las alegaciones ya ha finalizado sin que se haya producido contestación alguna. Una situación que, en la práctica administrativa, supone la desestimación por silencio administrativo de los recursos presentados.

El colectivo denuncia que esta situación evidencia una “desigualdad de trato y agravio comparativo” respecto a otros puestos municipales y a profesionales de otros ayuntamientos de Castilla y León que desempeñan las mismas funciones y cuentan con categorías profesionales similares. En el comunicado subrayan además que el consistorio “no reconoce el valor que tienen los Servicios Sociales municipales”, un área que califican como “pilar esencial para garantizar el bienestar de la ciudadanía”.

Un conflicto que viene de lejos

La polémica en torno a la nueva RPT no es reciente. Desde su aprobación, los profesionales del área han criticado abiertamente la valoración de sus puestos. Ya el pasado mes de diciembre denunciaron que el nuevo documento les relegaba, pasando “de esenciales a invisibles”.

El malestar se intensificó tras varios encuentros con responsables municipales en los que, según se expuso incluso en un pleno por parte de una trabajadora social, se les trasladó que “no sois trabajadores esenciales y vuestro sueldo lo paga la Junta de Castilla y León”, unas palabras que generaron un fuerte rechazo dentro del colectivo.

Además, el conflicto ha dejado en evidencia las discrepancias dentro del propio equipo de gobierno. Mientras la concejala de Personal, Belén Esteban, afirmaba recientemente en comisión que no había visto las alegaciones presentadas y que no podía pronunciarse sobre ellas, el concejal de Servicios Sociales, Andrés Gonzalo, reconocía tener constancia de los recursos, aunque sin ofrecer detalles sobre su tramitación.

En ese momento ya se advertía de que más de una treintena de alegaciones habían sido registradas desde distintos departamentos, con especial incidencia precisamente en Servicios Sociales.

La vía judicial, cada vez más probable

Con el silencio administrativo ya consumado en varios casos, los trabajadores afectados podrían recurrir ahora a la vía contencioso-administrativa. Los plazos para hacerlo son de seis meses en caso de silencio o de dos meses si se produce una desestimación expresa.

Un escenario que amenaza con trasladar el conflicto a los tribunales y que refuerza la sensación de bloqueo en torno a una RPT que el propio concejal de Servicios Sociales había definido como un “documento vivo”, abierto a modificaciones.

Sin embargo, para los profesionales afectados la realidad está siendo muy distinta: denuncian falta de respuesta, desigualdad en la valoración de sus puestos y una ausencia de reconocimiento institucional hacia un servicio que consideran fundamental para la atención social en el municipio.