Vecinos de Santa Catalina mantienen el pulso con la concejalía de urbanismo por las obras de rehabilitación urbana

Aranda de Duero

El conflicto en torno al Plan de Rehabilitación Urbana del barrio de Santa Catalina sigue abierto tras el pronunciamiento vecinal en el salón de Plenos del Ayuntamiento el pasado jueves. Los residentes afectados han elevado el tono de sus críticas hacia el equipo de gobierno, al que reclaman mayor capacidad de diálogo y “menos arrogancia” en la gestión de un proyecto que consideran clave para el futuro del barrio.

La intervención en el Pleno sirvió para trasladar públicamente el malestar acumulado en las últimas semanas, especialmente por la falta de respuesta a una solicitud formal registrada días antes. En ella, los vecinos pedían una reunión a tres bandas entre representantes vecinales, el Ayuntamiento y la Red de Calor para abordar las principales dudas y discrepancias del proyecto.

Ese encuentro tuvo lugar finalmente el viernes, aunque con resultados desiguales según el portavoz vecinal, Alberto Cermeño. “Los únicos avances se han producido con la Red de Calor, que sí ha atendido algunas de nuestras peticiones, nos han escuchado y han dado respuesta”, explicó.

Sin embargo, la valoración respecto a la Concejalía de Urbanismo es muy distinta. “La reacción ha sido la contraria. No responden, no atienden y vuelven a presionar para firmar los contratos cuyo plazo expira el próximo lunes 6 de abril”, denunció Cermeño.

El portavoz vecinal fue contundente al definir la situación actual: “Si no se da respuesta a lo que hemos planteado, no se firmará. Hasta ahora, ya no es que no hayan sido receptivos, es que ni siquiera nos ha respondido la concejalía de Urbanismo”.

Tras la reunión, los propietarios de las viviendas afectadas han reiterado cuatro reivindicaciones fundamentales, que consideran imprescindibles para avanzar en el proyecto. La principal de ellas se centra en el rechazo a las modificaciones realizadas sin consentimiento en las instalaciones: denuncian que las canalizaciones comunitarias han invadido viviendas privadas al trasladarse al interior de los inmuebles. Por ello, exigen que se restituya la situación original y se dejen en condiciones óptimas los elementos alterados sin autorización.

En segundo lugar, reclaman que los contratos con la red de calor tengan una duración de cinco años, frente a las condiciones actuales que les plantean diez. También solicitan que sea suficiente con que seis de cada diez vecinos de un bloque se adhieran al sistema para su implantación.

Por último, piden que las acometidas de la red de calor a las viviendas sean consideradas parte de la urbanización general como figura en el proyecto y, por tanto, queden excluidas de los costes repercutidos directamente a los propietarios.

Mientras se acerca la fecha límite para la firma de los contratos, el clima entre vecinos y Ayuntamiento sigue tensionado. La postura vecinal es firme y condiciona cualquier avance a la respuesta institucional: “Lo único que pedimos es que se nos escuche y se nos dé una respuesta clara”, concluyó Cermeño.